El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó nuevamente el accionar del Ministerio de Seguridad Nacional, por su repetitivo accionar en las habituales marchas de los jubilados los días miércoles, y aseguró que la cartera comandada por Patricia Bullrich “pone en riesgo” la vida de las personas “que quieren ser escuchadas”, en medio de las políticas de ajuste impartidas por el Gobierno Nacional.
“El Ministerio de Seguridad tiene una política principal: poner en riesgo a quienes quieren ser escuchados porque están perdiendo todo. Mientras tanto, los jubilados tampoco traspasan las puertas del Congreso para contar la situación que están viviendo”, manifestaron desde sus redes sociales oficiales.
Después de la movilización del 12 marzo, donde el operativo policial dejó un saldo de 114 detenciones, decenas de personas heridas y uno de los oficiales provocó el incidente con el fotógrafo que continúa internado, Pablo Grillo, el CELS calificó de “represión” el accionar de los efectivos llevado adelante por las órdenes de Bullrich.
“Las acciones del Estado tienen que estar orientadas a garantizar, proteger y respetar (a los manifestantes). La protesta es un derecho fundamental, no una amenaza. La ministra Bullrich comenzó desde el día anterior (al 12 de marzo) a advertir que se disponía a reprimir. Todo lo que es ley dice que el Estado tiene que facilitar las condiciones para poder protestar”, remarcaron desde el CELS.
Con respecto a la movilización del día de ayer, sostuvieron que “un grupo de personas mayores de 70 años fue reprimido, con el consecuente daño a su salud” y destacaron que, entre las personas heridas en los forcejeos y golpes, se encontraban el padre Paco Oliveira y un periodista que tuvo que ser asistido por los gases que recibió.
“Protestar es uno de los derechos más importantes de la democracia. Reprimirlo es ilegal e inconstitucional”, sentenciaron desde el organismo.
