La Fiscalía de Perú anunció que presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de “lesiones leves y graves” reportados durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Según explicó la institución en un comunicado, el señalamiento contra la mandataria obedece específicamente a las “lesiones” en agravio de los ciudadanos Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana y otros, en el marco de las manifestaciones que registró el país en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
En ese sentido, la denuncia constitucional alcanza también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola; a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; y al extitular de Defensa Jorge
Chávez Cresta.
Conforme a la acusación, del 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023, se identifican 75 víctimas “por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”.
Al enterarse de la denuncia constitucional, Joseph Camps, abogado de Boluarte, declaró a la emisora privada Radio Programas del Perú que la acción fiscal recurre a “situaciones infames”, ya que supuestamente la Fiscalía está “politizando” el derecho.
“Dicen que se utilizaron medios para aplacar lo que ellos entienden como protesta, cuando no es protesta, porque la protesta nunca puede ser violenta”, aseguró.
Por su parte, el ex primer ministro Alberto Otárola cuestionó en su cuenta de X que, en “ejercicio abusivo” del derecho, el Ministerio Público presenta una tercera denuncia por los mismos hechos.
