El fútbol paraguayo atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. La reciente investigación del medio chileno CIPER destapó una red de arreglos, favores dirigenciales, convocatorias amañadas y vínculos con casas de apuestas, todo bajo el mando de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) e influyente miembro del Consejo de la FIFA.
Las filtraciones incluyen audios y chats que confirman su rol como eje central de una estructura de poder que atraviesa clubes, selección nacional y representantes de jugadores. Pero la bomba no estalló solo en Paraguay: Argentina también aparece en el mapa de esta organización, con operaciones cuestionadas y vínculos que involucran a dirigentes, empresarios del fútbol y hasta al presidente Javier Milei.
Según la investigación, Harrison no solo manejaba decisiones deportivas desde las sombras, sino que participaba activamente de maniobras junto a representantes como Pedro Aldave y Juan Appleyard, quienes simulaban ofertas falsas para inflar precios o bloqueaban transferencias que no beneficiaban a su entorno.
Estas prácticas se replicaron en Argentina, especialmente en clubes como Newell’s Old Boys, donde Aldave operó para ejecutar transferencias sospechosas, como las de Alfio Oviedo o Teodoro Paredes, inflando su valor de mercado y derivando ganancias a cuentas no declaradas.
El caso ya despertó el interés de fiscalías federales en Estados Unidos, especialmente en Florida y Utah, que investigan una posible red internacional de lavado de dinero y evasión fiscal.
En paralelo, Harrison incursionó en el negocio de las apuestas online, violando abiertamente las normas éticas de la FIFA. Su empresa adquirió el 50% de Solbet, una de las principales plataformas de apuestas deportivas en la región, justo cuando el gobierno paraguayo flexibilizó el marco regulatorio.
Este movimiento no solo representa un grave conflicto de intereses —el mismo dirigente que decide qué jugador es convocado a la selección también gana si ese jugador convierte un gol y alguien apostó por él—, sino que extiende su influencia a un nuevo nivel, cerrando un círculo que combina control institucional, deportivo y económico.
La conexión argentina es ineludible, ya que además de las operaciones sospechosas en clubes locales, se especula con que este entramado mafioso también encontró protección en sectores del poder político. Aquí entra en escena el presidente Javier Milei y es que pese a su discurso anticorrupción y su cercanía con el ala dura del republicanismo estadounidense, Milei no dijo una sola palabra sobre el escándalo que ya estremece a la región.
¿Desconocimiento, complicidad o cálculo político? Todo indica que su estrategia apunta a dejar que el sistema colapse para justificar su proyecto de privatización del fútbol mediante Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo resistido por los clubes tradicionales y sectores del peronismo.
Lo cierto es que, mientras el fútbol paraguayo se desangra bajo la lógica del negocio total y el argentino aparece implicado como plataforma de operaciones opacas, el gobierno argentino guarda silencio.
Un silencio que incomoda y que podría volverse insostenible si la justicia estadounidense decide avanzar con cargos formales. Como en el FIFA Gate, lo que hoy parece una tormenta en el Cono Sur podría convertirse en un terremoto global.
