Abdullah Shah, más conocido como “el perro de Zardad” fue un militar y ladrón de Afganistán que robó y mató a por lo menos 20 personas, entre ellas viajeros a los que asaltó, una esposa y una hija, durante la guerra civil en ese país entre 1992 y 2001.
Este sujeto, nacido en 1965, fue el primer ejecutado en esa nación desde la caída de los talibanes a finales de 2001.
El múltiple homicida estuvo bajo el mando de Zardad Khan, así se ganó el apodo de “perro de Zardad”, quien sirvió bajo el mando de Gulbuddin Hekmatyar en la guerra civil de Afganistán entre 1992-1996.
Shah y Zardad robaban a los viajeros en la carretera de Kabul a Jalalabad y luego los acribillaban a balazos. Los cuerpos de muchas de esas víctimas fueron encontrados en un pozo en el distrito de Paghman.
Además de viajeros, el asesino serial mató a golpes a una de sus hijas y a una de sus esposas tras bañarla con agua hirviendo.
Con la caída del régimen talibán, se acabó la impunidad de Shah y fue condenado por primera vez en un proceso judicial especial en octubre de 2002.
En aquella ocasión, nueve testigos, entre ellos otra esposa a la que intentó prender fuego, dieron su relato y complicaron su situación.
Shah, finalmente fue condenado a la ejecución, la cuál se llevó a cabo en la cárcel de Pul-e-Charkhi .
El presidente interino Hamid Karzai firmó la sentencia de muerte y la misma se realizó mediante un disparo en la nuca.
Entre los testigos presentes se encontraban representantes de la policía afgana, de la Fiscalía General y algunos médicos.
Amnistía Internacional protestó contra esta ejecución al remarcar que Afganistán no respetó estándares básicos de justicia.
Además, planteó que a Shah probablemente lo hayan matado para que no pudiera testificar contra los comandantes aliados al gobierno.
Asimismo, denunciaron que no se le proporcionó un abogado defensor, que el juicio fue secreto y que se obtuvo una confesión bajo tortura.
Además, remarcaron que el primer juez en su caso fue destituido por aceptar un soborno y el segundo magistrado recibió presiones del Tribunal Supremo para imponer la sentencia.
