En medio del estado de conmoción que sigue generando la pena de prisión a Cristina Kirchner, la oposición de la Cámara de Diputados busca sacudir la inmovilidad de la agenda parlamentaria a través de una nueva reunión de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra.
El encuentro está pautado para este miércoles a las 16 hs, y se espera la presencia de expertos cripto invitados como Fernando Molina y Santiago Siri, además de la periodista Irina Hauser, quienes fueron convocados por Encuentro Federal.
También será de la partida los querellantes Martín Romero y Maximiliano Firtman, quienes vienen arremetiendo en las redes sociales contra el presidente Javier Milei, principal implicado en la “criptoestafa”, en el marco de una causa en el que también es señalada por su participación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La hermana del presidente fue citada por Unión por la Patria, pero previsiblemente dejará su silla vacía, con la tranquilidad de quedar a salvo de cualquier sanción.
La comisión se mantiene en una encerrona, porque sigue tropezando con la imposibilidad de designar a sus autoridades, en particular la presidencia, el lugar clave que fija las reglas de juego y marca los tiempos del procedimiento.
La oposición insiste con la postulación de la peronista Sabrina Selva, pero no puede romper el empate rígido en 14 votos por cada bando.
El oficialismo y sus bloques satélites siguen abroquelados para sostener el empate en 14, y proponen al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
La objeción opositora a la candidatura del libertario es bastante racional: se opuso a la creación de la comisión Libra y además no tendría la menor lógica que un oficialista presida una comisión creada para investigar una supuesta mala praxis de integrantes del oficialismo.
Si bien los argumentos son de sentido común, la realidad es que no está escrito en ningún lado que alguien que no votó la comisión no pueda presidir. Por lo tanto, no hay nada ilegal en proponer a Bornoroni.
A raíz de la cerrazón oficialista y el punto muerto en que se encuentra la comisión (inercia paralizante que favorece al Gobierno) los bloques de la oposición dialoguista amenazaron con retomar la idea del juicio político, que había sido agitada por Unión por la Patria apenas se destapó la olla del cripto escándalo.
Los diputados Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Mónica Frade (Coalición Cívica) anunciaron ese giro de posicionamiento en la última reunión de comisión.
Pero más allá de esas amenazas, que habría que ver cuánto de real tienen y cuánto de factibilidad, lo que sí se está cocinando en la posibilidad de aprobar un proyecto que regula el funcionamiento de la comisión y establece una metodología muy concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucede desde hace dos meses.
El criterio es que cuando hay empate entre candidatos, se procede a sumar la totalidad de integrantes de cada uno de los bloques a los que pertenecen los miembros de la comisión.
Concretamente, la oposición plantea que la oposición plantea en su proyecto que cuando haya empate en la votación de las autoridades, sea “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara”.
En línea con esto, se plantea que “la vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques o interbloques que hayan impulsado al presidente designado”.
Para el quórum, se requiere la mitad más uno de los miembros, en tanto que “la toma de decisiones” requiere de una “mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que la presente establezca expresamente una mayoría calificada”.
Y “en caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del Presidente de la Comisión”.
Además, la iniciativa propone un plazo de tres meses desde la elección de las autoridades para la entrega de un informe final (a receptar por el pleno de la Cámara baja) que resalte los hechos investigados y los resultados obtenidos.
Esta iniciativa obligaría a resetear el proceso y empezar de cero, con la posibilidad cierta de que en la próxima sesión se plantee una moción para un nuevo emplazamiento en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados firmantes señalaron que desde “la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada “$LIBRA”, el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios”.
“Lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión”, afirmaron.
En este sentido, recordaron que para ampliar la cantidad de representantes en la comisión, el oficialismo y sus aliados manipularon artificialmente la composición cuantitativa de sus bloques de forma “oportunista”, ya sea fraccionando las bancadas o creando interbloques.
Lo que omitieron mencionar es que de alguna manera Unión por la Patria convalidó ese proceder irregular emulando la misma maniobra: prestándole dos diputadas al Frente de Izquierda para que en conformidad con la fórmula matemática prevista en el proyecto de resolución a ese bloque le correspondiera un integrante adicional.
“Producto de esta ingeniería parlamentaria oportunista, la comisión quedó integrada por 28 miembros, con una paridad de 14 diputados que promovían la investigación y 14 dispuestos a bloquearla. Este empate fue funcional al objetivo real del oficialismo: impedir que la comisión sesione y que se designen autoridades”, indicaron.
En la reunión del 30 de abril, después de materializarse el empate en 14, “el oficialismo expresó la necesidad de concluir la reunión y tomar dos semanas para, a través de diálogos informales, arribar a algún consenso sobre las autoridades”.
“Ese diálogo jamás existió, ni hubo voluntad política ni gestos concretos para permitir que la comisión funcionara y cumpliera su objeto”, sostuvieron.
A raíz de este estancamiento, los bloques opositores buscaron llevar la votación de las autoridades de la comisión en el pleno del recinto, apelando a una interpretación reglamentaria bastante forzada.
Advertido de este estratagema, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró frenar la ofensiva en la última sesión, y con diplomacia acordó un cronograma de reuniones de la comisión.
Pese a que en el último encuentro, que a falta de presidente fue coordinado por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, se pudo avanzar al menos en la citación de invitados a propuesta de cada bloque, sigue pendiente lo más trascendental que es definir su conducción.
La presidencia de la comisión establece las reglas del juego: maneja los tiempos, arbitra en las controversias, solicita oficios, dispone medidas y citaciones, y lo más importante, desempata votaciones igualadas.
Por eso, es determinante la batalla por quién conduce la comisión y a qué signo político pertenece.
“Este proyecto no se limita a una cuestión procedimental ni responde a una lógica de especulación política. Está en juego la capacidad del Congreso de ejercer su función de control ante hechos graves que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”, subrayaron los diputados opositores en los fundamentos del proyecto.
“La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad”, concluyeron.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Sabrina Selva, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada.
