En la última Asamblea Anual del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) realizada recientemente en Córdoba, la totalidad de las provincias del país adoptaron por unanimidad una resolución propiciada por Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa solicitando al Gobierno nacional la reanudación de la ejecución del Fondo Hídrico Federal.
Dicho Fondo, establecido por Ley Nacional 26181 en noviembre del 2006, representa una fuente genuina de financiamiento de recursos coparticipables para la realización de proyectos, obras y servicios de infraestructura hídrica destinados a atender necesidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. Lamentablemente, el Gobierno nacional mantiene retenidos los recursos del mismo, los cuales ascienden a unos 140 mil millones de pesos, los que se encuentran sin ejecución desde principios del año pasado. Esta situación afecta drásticamente la planificación y gestión hídrica en todo el país y, en el caso La Pampa, la ejecución de la segunda etapa del acueducto del río Colorado.
La retención que realiza el Gobierno nacional del Fondo Hídrico Federal es un acto ilegal que no solo contraría los objetivos con los que fue creado, sino que también es violatorio de los Principios Rectores de Política Hídrica Nacional formulados en el marco del Acuerdo Federal del Agua en el 2003, acuerdo del cual la Nación es signataria, y que constituyen el marco de referencia obligatorio para todas las normativas hídricas a nivel nacional y federal. Por último, estos recursos son parte del Proyecto de Lley que acordaron recientemente la totalidad de los Gobernadores junto con el jefe de la CABA en su reunión en el CFI del lunes pasado, proyecto donde se plantea que se transfieran automáticamente los fondos coparticipables a todas las provincias y que Nación deje de administrar los mismos para evitar arbitrariedades como las que estamos viviendo en este momento, y que resultan en perjuicios a la totalidad de las y los argentinos.
