La jueza federal de Nueva York ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de la principal empresa estatal del país, YPF, para pagarle a los fondos buitres más de USD 16.000 millones.
Desde el Gobierno argentino dijeron que apelarán, mientras que el kirchnerismo, responsable de la expropiación que gatilló este juicio, sostiene que existe un plan de los Estados Unidos para quedarse con el petróleo de Vaca Muerta, un megayacimiento de clase mundial que no tiene nada que envidiarle al descubierto en Texas.
El caso de YPF es considerado único por su magnitud y las circunstancias que lo rodean, incluyendo la expropiación y la posterior demanda judicial.
No existen antecedentes de un fallo de estas características en la jurisprudencia estadounidense.
Es que se trata, nada menos, que de ordenarle al Estado entregar las acciones de una empresa estratégica, una cuestión delicada y que trasciende la letra jurídica para convertirse en una cuestión de Estado, explicaron fuentes del sector petrolero a Noticias Argentinas.
Fuentes de la diplomacia indicaron que el caso también le preocupa al gobierno de Donald Trump, por el hecho de que la justicia de su país está “atacando” a un aliado clave, como Javier Milei.
“Imagine que si Argentina aceptara esta locura, perdería el control mayoritario de YPF”, la verdadera “joya de la corona”, le dijo un exfuncionario del área energética a NA.
Con esa lógica, se espera que el gobierno argentino busque suspender los efectos de este fallo, argumentando que la ley argentina impide la transferencia de acciones sin la aprobación del Congreso.
Como punto a favor, dicen cerca de la Casa Rosada, está el hecho de que el Departamento de Justicia de EE.UU. está en contra de este fallo y acompaña la apelación que prevé hacer el gobierno argentino.
ANTECEDENTES DE NACIONALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS PETROLERAS EN LATINOAMÉRICA
En América Latina existen antecedentes sobre procesos similares a lo que ocurre con YPF en Argentina.
En particular, en lo que respecta a la nacionalización o estatización de empresas energéticas.
En México, con Pemex, y Venezuela, con PDVSA, han tomado medidas similares a la expropiación que decidió Cristina Kirchner en 2012, cuando Axel Kicillof era su ministro de Economía.
En el caso de Brasil, con Petrobras, adoptó un modelo mixto, conviviendo con empresas privadas y bajo la regulación de un organismo estatal.
En algunos casos, como Argentina con YPF, se ha observado un proceso de privatización seguido de una re-estatización parcial o la búsqueda de un mayor control estatal.
