La diputada nacional Mónica Macha presentó dos proyectos de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su repudio ante hechos que calificó como “violencia política y de género”, involucrando al oficialismo y al Poder Judicial.
El primer proyecto condena “las agresiones desplegadas mediante noticias falsas y violencia digital” contra la periodista Julia Mengolini. Según el texto, las hostilidades provinieron de “cuentas de redes sociales promovidas y financiadas por sectores afines al Gobierno Nacional y respaldadas por el presidente Javier Milei”.
Mengolini denunció una campaña sistemática en redes sociales que incluyó la difusión de noticias falsas sobre su vida privada y la circulación de un video manipulado digitalmente con inteligencia artificial, acompañado de mensajes misóginos. La diputada Macha calificó estos ataques como parte de “un entramado que aún no tiene nombre legal pero que requiere urgente regulación”, y advirtió que estos hechos constituyen “una forma de violencia de género que debe ser sancionada”.
El segundo proyecto de resolución manifiesta preocupación por la decisión del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que rechazó la excarcelación de Alesia Abaigar. La militante está detenida en el penal de Ezeiza por colgar un pasacalle y arrojar excremento frente a la casa del diputado José Luis Espert, hechos que, a criterio de la legisladora, “apenas podrían representar una contravención municipal”.
Macha cuestionó que la jueza haya confirmado la prisión preventiva “sin elementos concretos que justifiquen tal medida” y consideró que se trata de “una maniobra de disciplinamiento político”. También remarcó que el caso se inscribe “en un clima de represión y persecución política instaurado por la ministra Patricia Bullrich y el presidente Milei”.
Finalmente, la diputada advirtió sobre el uso “expansivo” del derecho penal frente a expresiones disidentes y llamó al Congreso a tomar posición frente a lo que consideró una regresión en materia de derechos y garantías constitucionales.
