Las cinco hijas menores de Adriana Suárez, la mujer detenida por el crimen de su inquilino en el departamento mendocino de Guaymallén, quedarán momentáneamente a cargo del Estado, ya que no hay familiares cercanos que puedan cobijarlas.
Así lo determinaron las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), por lo tanto, y como medida de protección excepcional, las cinco hermanas serán ingresadas en hogares de menores dependientes del gobierno mendocino.
Se tomó esta decisión, ya que “no se cuenta con red familiar para disponer una alternativa diferente en este momento”. Además, y según los investigadores, las hijas de Suárez habrían presenciado el salvaje asesinato de César Rodas, quien murió tras ser atacado con un hacha y luego fue descuartizado.
Las niñas y adolescentes, de 6, 9, 11, 13 y 15 años, habían vuelto a vivir con su madre, cuando esta recibió el beneficio de la prisión domiciliaria durante la pandemia de Covid-19, luego de una extensa carrera delictiva, que se había iniciado en 2012.
El asesinato de Rodas -de 41 años-, se produjo a mediados de junio, cuando la mujer lo atacó ya que habría intentado abusar de una de sus hijas en una vivienda del distrito Las Cañas, en Guaymallén.
Suárez, de 40 años, fue detenida junto a otro cómplice (Marcelo Altamirano), acusada de haber matado con un hacha a Rodas, cuyo cuerpo fue descuartizado y quemado en una parrilla. Los dos fueron imputados por ‘homicidio agravado por ensañamiento’, que prevé una pena de prisión perpetua.
Un ex cuñado de la mujer alertó a las autoridades, tras haber recibido un mensaje de WhatsApp, en el cual Suárez le había enviado fotos del cuerpo mutilado y quemado de Rodas.
Al llegar los efectivos policiales confesó el asesinato, y también dijo que había contado con la colaboración de otros dos hombres: Marcelo Altamirano y Damián Contreras, también con extenso historial delictivo.
ANTECEDENTES DE LA MUJER
Suárez comenzó en 2012 su carrera delictiva, cuando fue detenida por robo agravado, pero cumplió la pena con prisión domiciliaria ya que recientemente había dado a luz.
Posteriormente, en 2014, fue denunciada por amenazas y en 2019 retomó la senda delictiva, luego de haber recibido el beneficio de la libertad condicional, cuando irrumpió en una vivienda junto a su ex pareja -Pablo Bravo- con fines de robo.
Por ese hecho fue condenada a seis años de cárcel, pero al tener a cargo a sus hijas menores, sumado a las restricciones por la pandemia de Covid-19, la mujer cumplió la pena nuevamente en su domicilio, donde asesinó a su inquilino.
