La información técnica y estratégica que se maneja en un Data Room —como estudios geológicos, perfiles de pozo, sísmica, historiales de producción— tiene un alto valor económico y competitivo. El data room no es público por definición; su uso se basa en la confianza controlada.
Fundamento técnico y económico
Valor comercial:
• Estos datos permiten estimar volúmenes de reservas, planes de inversión, costos operativos y potencial de rentabilidad.
• Una empresa que acceda sin control con un tiempo mayor al fijado por la licitación podría usar esa ventaja para ganar o negociar condiciones más favorables, perjudicando al Estado.
Decisiones estratégicas:
• Conocer anticipadamente la calidad de los reservorios o el potencial productivo permite preparar estrategias comerciales, financieras y tecnológicas específicas.
Fundamento jurídico
• En Argentina, la Constitución Nacional (art. 124) reconoce que las provincias son propietarias de los recursos naturales, y tienen la facultad de administrarlos con cuidado y autonomía.
• El Código Penal (arts. 156 y 157) sanciona la revelación de secretos que una persona conozca por razón de su empleo o función, cuando su divulgación cause perjuicio.
• La Ley Nacional N° 22.802 y 24.766 y sus modificaciones sobre el uso indebido de información reservada y la competencia desleal.
• La Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) excluye expresamente de divulgación los secretos industriales, comerciales y estratégicos cuya difusión pueda afectar el interés público.
Protección del interés público
La confidencialidad no es para “ocultar” información a la ciudadanía: es para proteger el interés público.
Si se liberara esta información antes de tiempo:
• Se debilitaría la posición negociadora del Estado provincial.
• Se podría desvalorizar el activo público.
• Se pondría en riesgo la competitividad y la transparencia de futuras licitaciones.
Conclusión
La confidencialidad en los Data Room es una práctica global, ampliamente reconocida en la industria energética y minera, y un estándar de cumplimiento en gobiernos responsables.
Su fundamento se basa en proteger los recursos públicos, asegurar la soberanía y garantizar procesos competitivos y transparentes, siempre priorizando el interés provincial y nacional.
