El escritor y periodista Luisgé Martín publicará casi con seguridad a finales de este año El odio, el libro en el que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos, Ruth y José, ocurrido en 2011. Así lo confirmaron fuentes cercanas al autor en declaraciones a Europa Press, quienes precisaron que la obra contará además con un ensayo añadido.
La publicación del libro estuvo envuelta en una fuerte polémica desde el inicio. En marzo pasado, la editorial Anagrama —que tenía prevista su salida— paralizó la publicación tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados. Aunque en un primer momento la Audiencia de Barcelona rechazó la petición de Ortiz y permitió la publicación, Anagrama finalmente decidió rescindir el contrato con el periodista en abril.
Martín recuperó entonces los derechos del manuscrito y mantuvo firme su intención de publicarlo, criticando la decisión de la editorial. “Anagrama ha sentido miedo de la presión social”, sostuvo el autor tras la ruptura. Por el momento, se desconoce si la obra saldrá a la luz mediante autopublicación o a través de otro sello editorial.
La polémica que rodea a El odio reavivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho de las víctimas. Tras el escándalo, el Ministerio de Igualdad anunció que trabaja en una reforma del Código Penal para prohibir que asesinos de violencia vicaria —aquella cometida contra seres queridos para dañar a la pareja o expareja— puedan difundir testimonios o contenidos destinados a infligir más dolor a las víctimas.
Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, explicó en abril que el anteproyecto de ley está “muy avanzado” y buscará permitir a los jueces prohibir la difusión de este tipo de publicaciones cuando se considere que tienen como finalidad revictimizar.
“Queremos recoger que se pueda prohibir la difusión de contenidos que tengan como objetivo seguir dañando a las víctimas. Para que me entiendan, el caso Bretón”, explicó Martínez. La reforma también busca reconocer explícitamente a los menores afectados por la violencia vicaria como víctimas de violencia de género y garantizarles derechos específicos, como el derecho a ser escuchados en procesos judiciales o administrativos que afecten su vida.
Mientras tanto, Martín avanza con la edición final del libro, cuya publicación definitiva sigue envuelta en controversias éticas y legales.
