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La Provincia recuperó más de $43 millones con el cobro de una multa por incumplimiento de normativas de prevención de incendios

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, concretó el cobro de una multa aplicada por incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de incendios rurales, específicamente por abandono de picadas perimetrales en un establecimiento del Departamento Atreucó.  

El monto total transferido a la cuenta de Rentas Generales ascendió a $43.498.730, que incluye los intereses acumulados durante el proceso administrativo.

El establecimiento en cuestión, de 6.796 hectáreas, fue inspeccionado por personal técnico de la Dirección General de Defensa Civil. En el relevamiento, se constató el incumplimiento del artículo 9 del Decreto Provincial N° 1925/00, el cual obliga a los establecimientos agropecuarios a mantener picadas perimetrales de al menos 10 metros de ancho en condiciones óptimas.

Según detalla el informe técnico, las picadas en los límites Este y Norte del campo se encontraban completamente cubiertas por vegetación leñosa como piquillín y caldén, invadiendo incluso el perímetro de los alambrados, lo que constituye un serio riesgo ante posibles focos ígneos. La evaluación concluyó que no se había realizado mantenimiento alguno en los últimos años, lo que llevó al Estado provincial a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.

La multa original impuesta fue de $38.907.630, pero debido a los intereses generados durante el proceso de cobro, la suma final ascendió a más de $43 millones. Este monto ya fue ingresado a las arcas provinciales y se destinará a sostener las políticas de prevención aplicadas.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia recordaron que las picadas perimetrales son una herramienta clave para prevenir incendios forestales y rurales, permitir el ingreso de personal de emergencia y evitar la propagación del fuego. La normativa vigente establece sanciones para quienes incumplen con esta obligación, que es parte de la responsabilidad compartida para resguardar los recursos naturales, la producción y la seguridad de la población.