Un nuevo capítulo de la incertidumbre que atormenta desde marzo a los más de 700 trabajadores de Lácteos Verónica se vivió este viernes en las tres horas que duró la audiencia llevada a cabo en Secretaría de Trabajo de la Nación, donde el sindicato ATILRA rechazó el proceso preventivo de crisis presentado por la empresa.
Adujo falta de balances, documentación y con la sola mención de una deuda financiera de 50 millones de dólares, cuando se acumularon más de siete años de crisis
De este modo, los trabajadores seguirán con la retención del crédito laboral en las plantas de Suardi, Lehmann y Clason, en la provincia de Santa Fe.
Argumentan que es en defensa de sus puestos, si bien por ahora no se efectivizaron despidos, en el marco de una exhortación del organismo nacional para que se reactive el diálogo entre las partes.
El dictamen de esa cartera es que se manifiesta “exhortar a los actores intervinientes en autos a que busquen canales adecuados de diálogo y extremen sus compromisos a los fines de acercar posiciones y superar el conflicto denunciado en el marco de la autonomía colectiva”.
Es que quedó abierta una alternativa de negociación, en tanto no se modifiquen las condiciones vigentes en la actividad laboral en las plantas.
LA AUDIENCIA EN LA CARTERA LABORAL NACIONAL
El lunes pasado se había notificado a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), para que tomasen parte de un encuentro virtual con la empresa y la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde se informaría de la situación de la firma y se formalizaría un pedido de habilitación de un proceso preventivo de crisis.
Los delegados de Verónica que representan 700 familias de trabajadores de la provincia de Santa Fe siguieron durante este viernes por zoom las deliberaciones.
La intención en Lácteos Verónica es contar con los beneficios de esa declaración de emergencia laboral, para aliviar el peso financiero de algunos de sus pasivos.
La patronal estaría argumentando la decisión con el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual por razones de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, se habilita al pago en un 50% de la indemnización prevista.
Lácteos Verónica adelantó al gremio que esta liquidación podría darse en seis cuotas, abonándose la primera de ellas a los 30 días del anuncio sobre la situación de cada persona.
La intención era avanzar en una reducción por despidos del 30% del personal, lo que afectaría a algo más de 200 personas, con todo el impacto social y económico que ello significa.
El jueves se había completado el pago cuotificado del salario de mayo para todo el personal, solo como para dar paso al blanqueo de una situación de deterioro excepcional, que, además de la deuda de los sueldos de junio y el medio aguinaldo, incluye aportes de la seguridad social pendientes.
TAXÍMETRO DE LAS DEUDAS
El taxímetro de las deudas del conglomerado de la familia Espiñeira continúa bajando fichas, con mucho más de 2.000 millones de pesos en cheques rechazados que se entregaron a tamberos.
Y, según el Banco Central, ya se acumularon 8.000 millones de pesos adeudados a diferentes entidades financieras.
Al aplicarse actualmente el débito laboral de cuatro horas por turno, el procesamiento de materia prima ronda los 40 mil litros diarios, provenientes de tambos propios, ya que toda la leche que fue perdiendo la empresa, desde registros de 700 mil litros diarios hace un año, ya está siendo procesada en otras lácteas y será muy complejo recuperarla.
El Procedimiento Preventivo de Crisis está incluido en la Ley de Empleo 24.013, para que ante dificultades económicas o situaciones de fuerza mayor las empresas puedan generar suspensiones o despidos de personal con reducción de montos indemnizatorios, con el objeto de evitar afectar de forma definitiva al total de la planta laboral.
NACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO
Esta es la segunda vez que se encuentran las partes ante la cartera laboral, porque ATILRA decidió sacar del ámbito santafesino la negociación y elevarlo a la órbita de la Nación.
El primer encuentro quedó en una charla vacía, sin indicios de solución o salida.
El diputado provincial Carlos del Frade, que viene acompañando el proceso, afirmó que “nosotros seguimos acompañando a los trabajadores e instamos a los sectores gobernantes de municipios y de la provincia a defender estas 700 fuentes laborales genuinas”.
