La opinión pública colombiana aguarda expectante la sentencia contra el expresidente Alvaro Uribe, quien ya fue hallado culpable de los cargos de soborno y fraude en primera instancia, delitos que prevén una pena que oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel.
Este viernes por la tarde, la jueza Sandra Heredia dará a conocer el fallo que tiene en vilo a todo el país, ya que es la primera vez que un exmandatario es condenado. De todas maneras, la defensa ya anunció que presentará la apelación el 11 de agosto ante el Tribunal Superior, que a su vez tendrá plazo hasta mediados de octubre para emitir un fallo en segunda instancia.
El caso se centró en los intentos de Uribe de sobornar a miembros de grupos paramilitares encarcelados para que cambiaran los testimonios que lo perjudicaban y declararan que el expresidente colombiano no tenía vínculos con grupos paramilitares de derecha.
Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”, pero dejó entrever que Uribe merecería “la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión efectiva”.
Más allá de la postura de la magistrada, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).
En tanto, Marco Rubio -secretario de Estado del gobierno de Donald Trump-, se quejó públicamente por la situación de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010: “El único delito de Uribe fue haber luchado por su patria”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X.
Durante su mandato, Uribe fue un aliado de Estados Unidos, y además del respaldo de Rubio también fue apoyado por otros congresistas republicanos, como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, entre otros.
