La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles por unanimidad elevar al Plenario el pedido de suspensión y remoción del juez federal Martín Luciano Poderti, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, acusado de haber sustraído 144 monedas de oro incautadas en una causa judicial cuando se desempeñaba como secretario federal en San Isidro.
Con los votos de los consejeros Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques y Rodolfo Tailhade, la Comisión propuso al Plenario del organismo la apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión inmediata del magistrado, “en resguardo de la administración de justicia”, según consta en el dictamen.
De acuerdo con la investigación interna, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti accedió en 19 oportunidades a la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación, sucursal San Isidro, para sustraer las monedas que estaban bajo su resguardo en una causa judicial. Incluso habría ingresado durante períodos en que se encontraba de licencia y sin justificación documental en el expediente correspondiente.
El juez se encuentra procesado por el Juzgado Federal N°1 de San Martín, acusado de malversación de caudales públicos, delito previsto en el artículo 261 del Código Penal. La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y dictó un embargo por 190 millones de pesos. El expediente ya se encuentra elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°3 de esa jurisdicción.
La Comisión de Acusación rechazó las explicaciones brindadas por el magistrado, quien argumentó que los hechos ocurrieron cuando aún no era juez y por lo tanto correspondía una sanción administrativa. En respuesta, el dictamen recordó que lo que se debe evaluar es si el Senado conocía esos antecedentes al momento de prestarle acuerdo para su designación, lo cual fue descartado, ya que el faltante se detectó recién el 9 de abril de 2024.
“El Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de esta decisión. Resulta inadmisible que quien hoy ostenta la facultad de juzgar hechos delictivos se vea imputado como autor de un delito contra la administración pública”, subraya el dictamen.
La suspensión de Poderti requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en la próxima reunión plenaria del Consejo.
