Una nueva zozobra regional para la industria textil promocionada provino de la firma Fabrisur, ubicada en el parque industrial de Río Grande, desde que anunció que dejará de funcionar en 2026, lo que implica la pérdida de 60 puestos de trabajo.
La decisión está directamente vinculada a la medida adoptada por la Secretaría de Industria de la Nación de no otorgar los beneficios impositivos de la prórroga del Subrégimen Industrial al sector textil, en especial, en aquellos casos de compañías que no desistieron de seguir adelante con demandas judiciales contra el gobierno nacional.
Las facilidades aduaneras y la apertura de importaciones mandaron a terapia intensiva a las industrias electrónica y textil radicadas en Tierra del Fujego, al amparo del régimen promocional.
El anunciado cierre de la textil Fabisur se suma a la ocurrida con la Textil Río Grande y con Barpla desde 2023; otras dos empresas que se vieron afectadas por la decisión de Nación de dejar de otorgar los beneficios impositivos de Tierra del Fuego y, además, pretender cobrar aquellos impuestos que no pagaron desde enero de 2024, a la fecha.
El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) advirtió sobre una crisis creciente en la industria textil fueguina, cuestionó la falta de políticas de protección industrial por parte del gobierno nacional y denunció la falta de diálogo con el gobierno nacional, así como la ausencia de medidas que prioricen la producción local.
“No hay señales de voluntad para revertir este deterioro. Cada cierre es una señal de alarma que se ignora”, sostuvo Rodrigo Cárcamo, secretario general de SETIA.
DE PROTECCIÓN A APERTURA, SIN ESCALAS
Las ensambladoras de electrodomésticos, de estar protegidas de la competencia externa, de golpe se sometieron al ingreso de competencia con Chile y a la penetración de las compras online con entrega puerta a puerta de las plataformas extranjeras, en especial las chinas Shein, Temu y AliExpress.
Las firmas fueguinas fueron alentadas por el Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a presentarles batalla aprovechando las desgravaciones impositivas y el comercio directo, sin intermediación comercial, para bajar los precios por sobre un 30% y concretar las entregas con bastante antelación a las ofrecidas por las plataformas asiáticas.
La merma en el consumo interno general y el sobrestockeamiento de las plantas locales conspira, asimismo, contra la supervivencia de actividades sostenidas por los subsidios que se buscan eliminar.
COMPETENCIA DESIGUAL
El dirigente textil manifestó su profunda preocupación por el deterioro progresivo del sector.
“Hoy estamos compitiendo en condiciones completamente desiguales. Sin una reducción de impuestos y aranceles, no hay manera de sostener la producción nacional”, advirtió.
Según el gremialista, la empresa busca acompañar a los trabajadores en esta transición.
“Ellos no quieren cerrar definitivamente, sino trasladar la planta y ofrecer la opción de mudarse a los empleados que lo deseen. Para quienes no puedan o no estén interesados, se garantizará la indemnización correspondiente, tal como marca la ley”, aclaró.
En medio de un panorama nacional adverso, el sindicato reconoce que su margen de acción es limitado.
“Sin un cambio en la orientación económica, no hay reclamo que pueda sostener lo que el mercado está destruyendo”, concluyó Cárcamo.
En declaraciones a la prensa, el dirigente dijo que “la situación de la industria textil e indumentaria no solo en la provincia, sino a nivel nacional, es crítica. Hemos estado en contacto con nuestros representantes en Buenos Aires, y también avizoran un final de año complicado y un inicio de año aún más difícil debido a las aperturas de importaciones que agravan el panorama”.
El impacto trasciende lo laboral y se proyecta sobre el tejido social de Río Grande, ciudad donde la industria manufacturera es uno de los principales motores económicos.
La situación en Tierra del Fuego refleja un conflicto estructural que podría extenderse a otros rubros si no se toman medidas urgentes para proteger el empleo, fomentar el consumo interno y equilibrar las condiciones de competencia.
