Dos directivos de suma importancia declararon en el juicio oral que se desarrolla en Salta contra la red narcocriminal donde 20 personas, entre ellas integrantes del Servicio Penitenciario de Salta, presos y familiares, son juzgadas por conformar dicha organización.
La ex directora general del Servicio Penitenciario, prefecto mayor Carina del Valle Torres, y el director de Inteligencia del Servicio Penitenciario, Reynaldo Herrera, dieron testimonio este miércoles en el marco del juicio donde se acusa a una red de operar en el Penal de Villa Las Rosas, en la cual cada uno desempeñaba un papel especifico.
La primera que tomó la palabra fue Torres, quien, durante más de dos horas, respondió preguntas de la Unidad Fiscal y de los abogados defensores.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta señalaron que Torres comenzó su testimonio informando que ocupó el cargo de directora general entre abril de 2022 y junio de 2024, reemplazando a Leonardo Isasmendi.
Relató que, poco después de asumir, el jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario le advirtió sobre irregularidades detectadas durante la gestión anterior en el otorgamiento de beneficios penitenciarios en la Unidad Carcelaria 1. Indicó que incluso reaparecieron versiones, como el ingreso de pizzas mediante un delivery, supuestamente recibidas por el jefe de pabellón Francisco Arturo Bisceglia, uno de los acusados, para un interno.
A su vez, remarcó que algunos internos habrían accedido a beneficios como salidas transitorias sin que existieran las actas del Consejo Correccional ni los informes técnicos exigidos por la normativa. En varios expedientes, precisó que no constaban los fundamentos del otorgamiento ni la intervención de las autoridades competentes.
Otro detalle que contó es que se detectaron intentos de ingreso de elementos prohibidos, como estupefacientes y celulares, tanto por parte de internos como de personal penitenciario y visitas.
Afirmó que hubo casos en los que suboficiales y oficiales intentaron evadir los controles para ingresar teléfonos, así como situaciones detectadas durante requisas a terceros.
Ante esta sospecha, Torres destacó en su declaración que decidió presentar la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que el Ministerio Público Fiscal llevara adelante la investigación.
“Todo esto me perjudicó”, manifestó la ex directora, al sostener que durante el proceso sufrió investigaciones en su contra.
Luego de dicha testimonial, fue el turno de Herrera, quien explicó que su área tiene injerencia en todas las unidades carcelarias y que su función principal es relevar información sobre posibles irregularidades o violaciones a las normas internas, para luego elevarla a la Dirección General.
Frente al tribunal detalló que durante la gestión de Isasmendi los informes eran requeridos de forma verbal, mientras que, con la asunción de Torres, se le exigió remitir todo por escrito.
Siguiendo por el mismo camino de la ex directora, Herrera recordó que durante la gestión de Isasmendi tomó conocimiento del ingreso irregular de pizzas a la Unidad Carcelaria 1, situación que fue informada verbalmente en su momento.
El testigo destacó que existe un video donde se observa el ingreso de un delivery con cuatro cajas de pizza a nombre del jefe de pabellón, Bisceglia: “En la grabación se ve cómo la comida recorre distintos sectores del penal hasta llegar al pabellón K, donde es recibida por Bisceglia, quien la lleva a su oficina. Luego, se observa salir del lugar a un interno con la bolsa de pizzas en su poder”.
“Luego, ya con Torres en funciones, y ante los rumores sobre beneficios indebidos a internos, decidió elevar un informe formal en el que detalló esa situación. El documento fue remitido también a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC)”, destacaron las autoridades.
Luego de varias horas de testimoniales, concluyó la audiencia y se espera que este jueves continúe la ronda de declaraciones por la mañana.
