En Mar del Plata se llevó a cabo el XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), bajo el lema “Gobernar el agua en un país federal: claves para acordar una estrategia compartida”.
Este foro, que se realiza cada dos años desde 1963, es el encuentro técnico-científico y de gestión hídrica más importante de la Argentina. Su objetivo central es intercambiar conocimientos, debatir políticas y generar consensos sobre la administración de un recurso tan esencial para la vida y el desarrollo como el agua. En esta edición, el evento fue organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Inversiones, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente (CIIAAA), debido a que el Gobierno nacional no tomó la iniciativa de llevarlo adelante, rompiendo una tradición de seis décadas.
Durante dos jornadas, especialistas, funcionarios, académicos, organizaciones sociales y representantes del sector privado analizaron los principales desafíos hídricos del país, en un contexto marcado por el cambio climático, los eventos extremos y la presión creciente sobre los recursos.
Hubo conferencias magistrales de referentes internacionales, paneles temáticos y mesas de trabajo sobre gobernanza del agua, riesgos hídricos, infraestructura sostenible, juventudes y ambiente, integridad y transparencia, y políticas públicas en un esquema federal.
Posición pampeana: “La dignidad no se negocia”
La delegación pampeana estuvo encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, acompañado por el administrador del Agua, Fabricio González Martín; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; profesionales especializados y el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica.
En su exposición, el ministro puso el foco en el impacto que tuvo para la provincia la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA):
“En La Pampa se firmaron convenios con ENHOSA para 20 obras de saneamiento, con un compromiso de inversión de casi 17 mil millones de pesos. El Gobierno nacional solo cumplió con el 18 % de lo prometido. El 82% restante lo puso la Provincia. ¿Porqué? Porque no se puede dejar a medias una obra de saneamiento: las calles abiertas, los barrios intervenidos, las familias esperando. Porque no se puede jugar con la salud ni con el bienestar de la gente. Cuatro obras fueron directamente abandonadas por la Nación y en las otras dieciséis se suspendieron los pagos. Nosotros elegimos seguir por decisión de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, gracias a esa decisión se mantuvieron cientos de puestos de trabajo registrados y se evitó un daño social mucho mayor”.
El impacto social de las obras que no se ven
Las obras de saneamiento son, por definición, infraestructura silenciosa: no generan titulares llamativos, no lucen en una inauguración y la mayoría de sus beneficios están bajo tierra. Pero su ausencia o interrupción es rápidamente visible en la vida cotidiana: Salud Pública en riesgo: la falta de redes cloacales y plantas de tratamiento provoca la acumulación de aguas servidas y contaminación del suelo y las napas, favoreciendo la propagación de enfermedades gastrointestinales, infecciones de piel y problemas respiratorios. Agua potable y seguridad hídrica: sin acueductos ni cisternas, muchas comunidades dependen de sistemas precarios o fuentes no seguras, afectando la calidad del agua que consumen. Ambiente degradado: la ausencia de desagües pluviales y canales de drenaje incrementa el riesgo de inundaciones, erosión de calles y pérdida de espacios públicos. Economía local afectada: la paralización de obras deja sin trabajo a decenas de operarios y corta la cadena de valor que involucra a proveedores, transportistas, comercios y pequeños contratistas locales. Desigualdad territorial: las localidades más pequeñas y alejadas son las primeras en sufrir el abandono de este tipo de infraestructura, profundizando las brechas con los centros urbanos más desarrollados. “Obras invisibles, beneficios duraderos”
El administrador del Agua destacó que las obras de saneamiento “son de las más valoradas por la Organización Mundial de la Salud, aunque socialmente poco reconocidas porque no se ven. Son técnicamente complejas, de ejecución lenta y sin margen para errores, pero determinan la salud y el crecimiento ordenado de cada comunidad. Son la base para el desarrollo urbano planificado y para atraer inversiones productivas o habitacionales sustentables”.
En La Pampa, la continuidad de estas obras permitió: Responder a la emergencia sanitaria en Santa Rosa. Construir, ampliar o renovar kilómetros de redes de agua potable en toda la provincia. Incorporar nuevas cisternas para garantizar la presión y calidad del suministro. Limpiar y ampliar canales para prevenir inundaciones. Ejecutar desagües pluviales integrales en zonas críticas. Un llamado a la responsabilidad federal
Desde el Gobierno provincial se lamentó la desaparición de organismos como ENHOSA, cuya labor es “insustituible” por el sector privado debido a la magnitud, planificación y alcance de las obras.
“Invertir en saneamiento es invertir en dignidad, salud y equidad territorial. No se trata de una cuadra de asfalto o una plaza: se trata de pensar la ciudad como un sistema. Y un sistema sanitario eficiente es la base de cualquier comunidad sana y productiva”, concluyó Intronati.
Alerta por el vaciamiento de organismos clave para la gestión del agua
En el marco del Congreso, Gobbi advirtió sobre las graves consecuencias que provoca el vaciamiento que, según señaló, está llevando adelante el Gobierno nacional en organismos estratégicos como el CONICET, las universidades y el Instituto Nacional del Agua. “El desfinanciamiento y la pérdida de técnicos reducen la generación de información, y sin datos confiables no se puede gestionar lo que no se conoce”, afirmó. Sostuvo que esta situación afecta directamente a las distintas jurisdicciones, al tiempo que la pérdida de capacidades técnicas, investigadores y proyectos de investigación “genera impactos negativos en la gestión territorial del recurso”. También instó a fortalecer los comités de cuenca para impulsar una gestión conjunta de los recursos hídricos compartidos. En ese sentido, remarcó que la Nación “tiene un rol central e indelegable para garantizar que los recursos hídricos interjurisdiccionales sean administrados de forma equitativa y eficiente”.

