Una investigación judicial reveló un entramado de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal que involucra a empresas “fantasma” contratadas de forma directa por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2018, período que abarca las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
En el centro de la causa están los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, responsables de Citepa SA y Varberg SA, firmas que —según la acusación— simulaban ofrecer servicios de limpieza y antigrafiti, pero que carecían de estructura real, empleados y medios operativos. A través de contratos directos y sin licitación, estas empresas facturaron más de $49 millones a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y al Ministerio de Educación de la Ciudad.
El expediente comenzó en 2017 en la Justicia Federal de San Nicolás, a partir de una denuncia de la AFIP por evasión de impuestos nacionales. La pesquisa, a cargo del fiscal Matías Di Lello, contó con el apoyo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La Procelac presentó dos denuncias: una por administración fraudulenta contra la administración pública, que tramita en la fiscalía de Federico Tropea, y otra por lavado de activos en el Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Este último se declaró incompetente y derivó el caso a los tribunales federales de Comodoro Py, por entender que la mayoría de los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.
La causa quedó finalmente en manos del juez Sebastián Casanello, quien aceptó a la AFIP como querellante y ordenó la indagatoria de los hermanos Solmi y de otros once imputados. Según la acusación, el dinero obtenido de los contratos irregulares “habría sido luego utilizado para realizar diversas transacciones financieras de inversión bursátil, poniendo así en circulación el producto de la posible actividad ilícita”.
Las pruebas incorporadas al expediente incluyen documentación contable, registros bancarios y conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados. En esos diálogos, Víctor Enrique Solmi mantenía contacto directo con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación, quienes —según la investigación— habrían intervenido para direccionar adjudicaciones hacia Citepa y Varberg, alegando “urgencia” o “especialidad” como justificación para evitar licitaciones.
El juez determinó que la administración formal de ambas sociedades estaba a cargo de testaferros, aunque los beneficiarios reales eran los hermanos Solmi. En su resolución, procesó a:
* Víctor Enrique Solmi
* Víctor Manuel Solmi
* Sergio Gustavo Solmi
* Andrés Gustavo Servente
* Alejandro Guido Servente
* Pablo Servente
* Pablo Geoghegan
* Rodolfo Santiago Solimano
* José María Cambón
Todos ellos fueron acusados como coautores de lavado de activos. En tanto, Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti fueron procesados como partícipes necesarios. Casanello trabó embargos por hasta $18 mil millones sobre los bienes de los imputados y dictó la falta de mérito para otras tres personas.
Los acusados negaron los cargos durante sus declaraciones indagatorias y presentaron apelaciones. Ahora, será la Cámara Federal Porteña la que deberá resolver si confirma o revoca los procesamientos dictados por Casanello.
El caso genera especial interés político e institucional porque involucra contrataciones durante dos administraciones de peso en la política nacional, y pone bajo la lupa los mecanismos de adjudicación directa y el uso de empresas sin capacidad operativa para prestar servicios.
Si la Cámara confirma los procesamientos, la investigación avanzará hacia la etapa de juicio, donde se definirá si existió un esquema sistemático de sobreprecios y desvío de fondos en dependencias clave del Gobierno porteño. Mientras tanto, el expediente se ha convertido en un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia y control en la gestión de fondos públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
