Un joven de 26 años, identificado como Ezequiel Bravo, dejó de percibir su Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL) luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le suspendiera el beneficio. La decisión administrativa se tomó debido a que Bravo no se presentó a una auditoría, a pesar de que la notificación le llegó con posterioridad a la fecha límite para realizar el trámite.
El caso de Ezequiel, oriundo Pirovano, localidad del partido de Bolívar, quien posee un retraso mental con rasgos de autismo, se hizo público a través de su familiar, Carlos Massoni, titular de FM Alpha.
En su descargo, Massoni criticó duramente la medida y el accionar del gobierno: “La crueldad, el odio, no tiene medida, se ensañaron con los más débiles, con los viejos, con las personas con discapacidad, con los niños”. También cuestionó la falta de sensibilidad de los funcionarios locales, a quienes les preguntó: “¿Los candidatos de Bolívar pueden mirar un abuelo a la cara o mirar a un padre o una madre con un hijo con discapacidad?”.
Según la carta documento que recibió Bravo el 6 de agosto, emitida el 28 de julio, la ANDIS afirmó que la empresa de servicios postales no logró ubicarlo para entregarle la citación a la auditoría, y que por ello la decisión de suspenderle la pensión se tomó debido a “causas imputables a la propia persona beneficiaria, por inconsistencias en los datos brindados”.
Ante esto, la Agencia se basó en el Decreto Nº 432/97 que, según la propia misiva, establece que “se suspenderá el pago de la prestación cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio declarado por él” y “cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por causales imputables al destinatario”. El documento también aclaró que el afectado aún podía apelar la decisión en un plazo de 20 a 30 días.
El incidente, según consigna el portal Presente Noticias, se sumó a la polémica que ya rodeaba a las auditorías de pensiones en la localidad, luego de que en el mes de mayo un grupo de vecinos de Bolívar recibiera notificaciones que los citaban a un domicilio que la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad desmintió que tuviera “algún vínculo con el trámite ni con la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Otro caso que generó controversia fue el de una mujer que denunció maltrato por parte de los profesionales y a quien “le quisieron ‘truchar’ su patología” a pesar de tener su certificado de discapacidad vigente desde hace dos décadas.
