Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y Ramallo, además de empresario con ligaduras políticas en el país, pretendió culpar al ex Diputado provincial Andrés Quinteros de estar detrás de la contaminación del fentanilo, que ya provocó hasta ahora 96 muertes. En dicha presentación, realizada en julio de este año, el investigado dio a conocer pruebas inconsistentes e insólitas.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, a fines de julio de 2025 García Furfaro presentó en la Justicia un escrito donde expuso, sin justificación, que Quinteros está detrás de “un posible atentado en los laboratorios, que pudo haber ocasionado el desvío de calidad del fentanilo”.
Otro de los sorpresivos puntos que señaló en el escrito es que supo, por parte del sereno del laboratorio Ramallo S.A., que por las noches un helicóptero sobrevoló la zona y que, por su marca y color, sería del ex diputado provincial.
En este marco, el empresario dio una insólita explicación al sostener que esto “lo llevó a pensar” en que se utilizó el helicóptero para arrojar “algún producto incriminante (veneno) en el predio exterior del laboratorio, para simular luego un hallazgo accidental”, para después complicar su situación pública y procesal.
Esta presentación demuestra que, desde un comienzo, García Furfaro intentó desviar la atención mediática de su vinculación con la causa al acusar a otros personajes importantes de la política, en este caso Quinteros.
Previo a esta nota, NA intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el empresario, pero en ningún momento recibió respuestas.
Ahora, se aguarda saber si el Juez Federal, Ernesto Kreplak, tomará nuevas medidas contra los responsables primarios de los laboratorios, además de las inhibiciones de bienes.
Por su parte, el fallo conocido a comienzos de julio, el cual fue firmado por el juez, señala que los presuntos integrantes de la estructura empresarial podrían haber desarrollado maniobras para ocultar conductas delictivas, por lo que constituirían un entorpecimiento de la causa en trámite o el posible riesgo de fuga.
Se busca conservar los bienes que puedan ser fruto de las actividades eventualmente delictivas que se encuentran bajo la pesquisa del expediente.
