Cuando la conmoción por los lotes contaminados que desataron una investigación judicial y política todavía no se había consumado, la droguería ALFARMA SRL, propiedad de Ariel García Furfaro, ya aparecía en expedientes y órdenes de compra del propio Estado nacional. Los documentos oficiales a los que accedió Agencia Noticias Argentinas muestran que la empresa cobró contratos y adjudicaciones apenas semanas y meses antes de que explotara el conflicto.
QUIÉN RECIBIÓ QUÉ (Y CUÁNDO)
La contratación más visible está registrada en la Orden de Compra Nº 88-0005-OC25, generada en el marco del proceso 88-0005-LPU24, con fecha de autorización y perfeccionamiento el 25 de febrero de 2025. El documento consigna un plazo contractual que se extiende desde el 25/02/2025 hasta el 27/03/2025 (30 días corridos) y detalla renglones por adrenalina, soluciones, antibióticos, antiulcerosos y una larga lista de medicamentos de uso hospitalario por un importe neto de $16.074.194 (pesos argentinos), adjudicados a ALFARMA SRL en el expediente tramitado por el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). En el propio expediente figura explícita la dirección de entrega: Ruta 88 Km 1,5, Mar del Plata — Servicio de Farmacia (INAREPS), con plazos y condiciones de entrega consignados renglón por renglón.
Paralelamente, en una compulsa abreviada por urgencia del Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, fechada en abril de 2025, con el objetivo principarl de “Adquisición de medicamentos y repelentes para campaña contra el dengue”, ALFARMA SRL fue adjudicataria de los renglones 1 y 2 (entre los que se cuentan soluciones de rehidratación y sueros) por $2.201.996, según la disposición administrativa del organismo. Ese expediente ratifica que la contratación se realizó por la vía abreviada por “urgencia sanitaria” y que los informes técnicos consideraron apta la oferta de ALFARMA para esos renglones.
Es importante destacar que en esta compra, HLB PHARMA presentó ante el Estado un certificado de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) N° 39.768, N° 39.769, N°45.604, N° 45.605, N° 45.609 y N° 45.610 con fecha 2021 y validez hasta 24/10/2026, todas las hojas firmadas por Ariel Fernando Garcia como socio gerente.
En lenguaje llano: los destinatarios concretos de los envíos adjudicados a Alfarma fueron, entre otros, el servicio de farmacia del INAREPS en Mar del Plata y renglones del Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, según las órdenes y disposiciones firmadas en febrero y abril de 2025. Los papeles oficiales consignan cantidades, precios unitarios y direcciones de entrega —datos que no son alegatos, sino registros administrativos públicos.
A la par de esas adjudicaciones y de las versiones públicas sobre la causa que investiga lotes contaminados, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó una medida fuerte contra la droguería. Según comunicado y la Disposición 3989/2025 (12 de junio de 2025), ANMAT suspendió preventivamente la habilitación de ALFARMA S.R.L. para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales hasta tanto la empresa acredite el cumplimiento de las “Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos”.
La medida se adoptó luego de que la inspección detectara incumplimientos calificados como “muy graves y graves” en la planta de Garay 538 (Rosario): la firma no pudo presentar la documentación de distribución que avalara movimientos informáticos visualizados en su sistema de gestión, y en la inspección declaró carecer de la “totalidad de la documentación de distribución” en el establecimiento al momento del control. Esa suspensión —preventiva y condicionada a la acreditación de correcciones— pone en tensión las adjudicaciones previas y plantea una pregunta simple para la gestión pública: ¿cómo se autorizó o justificó la contratación con un proveedor que, poco después, fue objetado por faltas graves en sus procesos de trazabilidad y distribución?
LA PAMPA YA HABÍA INTERRUMPIDO COMPRAS
No todas las jurisdicciones federales trabajaban con Alfarma en ese lapso. El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa difundió un comunicado para aclarar versiones periodísticas: informó que desde 2022 tiene suspendida toda relación comercial con la Droguería Alfarma* y que, además, no registró compras con otra firma mencionada en la causa (Droguería Nueva Era) desde 2017. El ministerio aseguró que la suspensión provincial de vínculos con Alfarma se ordenó tras detectar irregularidades en controles previos y que, en su momento, se aplicaron sanciones económicas hasta tanto se resolvieran las inconsistencias. Ese antecedente regional contrasta con las adjudicaciones detectadas en dependencias nacionales y centrales.
LAS DEFENSAS PÚBLICAS DEL EMPRESARIO Y SUS VERSIONES
Frente a la presión mediática y judicial, García Furfaro ofreció declaraciones públicas en las que niega responsabilidad directa por la contaminación y atribuye el problema a acciones de un exempleado, Andrés Quinteros, o incluso a sabotajes. Entre sus afirmaciones figura la versión de que su empresa realizó un “autorecall” (retiro voluntario) de material el 8 de mayo, antes de que ANMAT ordenara prohibiciones públicas, y que la ANMAT actuó sin “tener ningún análisis hecho”, según sus palabras recogidas en entrevistas. Además, Furfaro señaló que si alguien hubiera querido “hacerle una maldad” a su industria, “sabía cómo” —una frase que mezcla admisión de vulnerabilidad y denuncia contra terceros.
En la misma línea, el empresario relativizó la peligrosidad atribuida a la bacteria hallada (Klebsiella) y sostuvo que la presencia de ese germen “está en el 90% de los sanatorios”, al tiempo que cuestionó la imposibilidad de realizar contramuestras tras el secuestro de materiales por parte de ANMAT. Estas declaraciones, que figuran en varias entrevistas periodísticas, constituyen su versión pública de los hechos; la justicia, por su parte, sigue investigando y la ANMAT mantiene medidas administrativas.
LA VOZ DEL MINISTRO LUGONES: “FURFARO Y ESTA BANDA DE DELINCUENTES ESTABAN RELACIONADOS CON LA POLÍTICA”
La temperatura política y la presión sobre la investigación escaló con la intervención pública del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien en declaraciones concedidas a Infobae sostuvo que “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política” y afirmó que, durante su gestión, “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”. Lugones anunció además que abrió un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de ANMAT, para evaluar responsabilidades y advirtió que, en caso de detectar algún funcionario comprometido, “ese mismo día se va”.
El ministro planteó con dureza sospechas sobre la trayectoria extraordinaria del empresario: “Si no explíquenme cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política… ¿no llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, dijo Lugones. Esos términos suman una dimensión política al expediente administrativo y judicial.
CRONOLOGÍA Y CONTRASTE: COMPRAS VS. CONTROLES
* Febrero 2025:
* Orden de compra 88-0005-OC25 (INAREPS)
* Perfeccionamiento: 25/02/2025
* Renglones y entregas a Servicio de Farmacia en Ruta 88 Km 1,5, Mar del Plata
* Importe neto consignado: $16.074.194
* Abril 2025:
* Disposición DI-2025-39959351 (Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo)
* Adjudicación por compulsa abreviada
* ALFARMA SRL adjudicada en renglones 1 y 2 por $2.201.996
* Mayo–junio 2025:
* Denuncias públicas, allanamientos y medidas de ANMAT
* 12/06/2025: Disposición ANMAT 3989/2025 — suspensión preventiva de habilitación para tránsito interjurisdiccional de ALFARMA SRL
Ese encadenamiento —adjudicaciones que entregan medicamentos a dependencias públicas y, semanas después, una suspensión sanitaria preventiva por deficiencias graves— es el núcleo crítico: por un lado el flujo de compras; por el otro, los controles que, una vez aplicados, derivan en la restricción de la actividad de la droguería.
La ANMAT y la Justicia (la causa penal que investiga los lotes de fentanilo figura en sede federal bajo instrucción judicial) avanzan en sendos ámbitos: la agencia regulatoria aplica medidas administrativas de carácter preventivo y la investigación penal procura determinar eventuales responsabilidades por contaminación, trazabilidad y —si corresponde— por resultantes daños a pacientes. El ministro Lugones, al anunciar el sumario interno en INAME, dejó claro que la órbita administrativa también será escrutada.
