Un perito declaró en el juicio por la presunta red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1, en la provincia de Salta, y afirmó que, al analizar los mensajes extraídos al celular de uno de los acusados, estableció que el imputado se identificaba como “Messi”.
Se trata de un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos que participó del allanamiento al domicilio del subalcaide Francisco Bisceglia, donde se incautó un teléfono Samsung perteneciente a Sergio Moya.
El dispositivo fue sometido a una extracción de datos con la herramienta forense UFED de Cellebrite, cuyos mensajes y conversaciones indicaban que se hacia llamar “Messi” -el astro y capitán de la Selección argentina-, que ejercía de guardia penitenciario de alto rango, en tanto que, de manera paralela, desarrollaba funciones en Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta.
En los chats que mantenía con el contacto “Gustavo”, el sindicado pidió en varias ocasiones el traslado de un interno a otro pabellón pese a su mal comportamiento, al tiempo que charló con un abogado, con quien entabló una amistad e invitaba a actividades.
A su vez, agregó que se secuestraron registros bancarios, planillas sobre las situaciones procesales de los reos y cuadernos que contenían anotaciones referidas a cárceles, así como también información de distribución de medicamentos entre los detenidos.
El agente destacó que entre las hojas se hallaron nombres y números de teléfonos, entre ellos el de un recluso junto a datos de sentencias y derivaciones.
En este sentido, otro integrante de la misma unidad precisó que otro de los celulares examinados correspondía a un subjefe de la UC1 y fue secuestrado en un cajón de una oficina del Servicio Penitenciario.
Los mensajes de WhatsApp de un tercer teléfono examinado evidenciaban la comunicación entre un preso y una mujer externa de la cárcel que le escribía en secreto, mientras otros dispositivos peritados mostraban charlas entre varios de los imputados.
Por su parte, la actual secretaria de actas del Consejo Correccional también compareció y resaltó que detectó irregularidades en la documentación: ausencia de registros entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2022 y actas incompletas de 2021.
