Federico Sturzenegger, “el titán” de Javier Milei, está en la mira de varios diputados nacionales que entienden que sus acciones desreguladoras son piezas fundamentales para crear las condiciones necesarias de la crisis por presuntas coimas en la administración libertaria.
Su afán desregulador y desmaterializador de varias oficinas del Estado es compartido por funcionarios del ministerio de Economía de Luis Caputo como el titular de ARCA, Juan Pazo, que insiste en aumentar los salarios de sus trabajadores por debajo de la inflación mensual real. O sea, la que se siente en el bolsillo de los trabajadores no la que tabula el INDEC.
El caso de la agencia nacional de discapacidad (Andis) es el más notorio donde el achique del Estado pensado desde las oficinas del ministro de Transformación estatal, Federico Sturzenegger, generó un desmantelamiento de las auditorías internas que podrían haber allanado el camino hacia el presunto hecho de cohecho que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
La realidad indica que el ex titular de la agencia de discapacidad, Diego Spagnuolo, entendía poco y nada de su materia, pero, como buen abogado, sabía que había que cubrirse de alguna manera las espaldas ante lo que entendía como hechos de corrupción que se producían sin que pudiera hacer mucho.
Las averiguaciones realizadas en ese sentido en cafés públicos o en oficinas con terceras personas, llevaron a que fuera fácilmente grabado por expertos en pseudo espionaje, en un hecho que explotó a pocas semanas de una elección nacional.
El año pasado Spagnuolo, de habitual diálogo con Javier Milei en la Residencia de Olivos, analizó que en el área del plan de alto gasto y baja incidencia conocido por sus siglas como Pacbi, es el corazón de su oficina por el presupuesto que administra.
En el Pacbi, las licitaciones parecen no haberse llevado a cabo, a lo sumo se produjo algún tipo de compulsa de precios, pero, según trascendió por ex directivos de la agencia, se hacían compras directas a droguerías con las que se venía trabajando previamente.
Esta probable irregularidad se potenció con la decisión del ministro Sturzenegger de pasar la motosierra por la agencia utilizándola especialmente en la unidad de auditoría interna que de 16 profesionales pasó a 4 o 5 por lo que los controles se relajaron notablemente.
Algo similar parece haber sucedido en el IOSFA, la obra social de los militares, que tiene varios contratos por compulsa de precios con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios, y con otras droguerías más.
Por ese organismo que depende del ministro de Defensa, Luis Petri, pasaron tres titulares y la más nueva es Betina Surballe que señaló que el vínculo comercial con la droguería Suizo Argentina es “previo a la actual gestión”.
Resta saber si habla de la gestión presidencial de Milei o de la suya que fue precedida en la obra social por Roberto Fiochi. El comunicado no lo explica, pero Fioschi realizó declaraciones al diario Los Andes y entiende que la relación comercial de la empresa del sector farmacéutico con el IOSFA viene de hace muchos años.
“En mi etapa solamente adjudiqué una licitación por 30.000 millones de pesos, que se dividió entre seis droguerías, entre ellas Suizo Argentina. A esta se le compró una parte muy pequeña de los medicamentos”, afirmó.
Actualmente, IOSFA mantiene registros de compra con 56 droguerías, en un esquema en el que participan más de 85 laboratorios y proveedores. Según el organismo, hoy están vigentes ocho licitaciones y dos próximas a adjudicarse, sin participación de Suizo Argentina.
La crisis de la obra social IOSFA, por la que muchos analistas militares no dudan en afirmar que la gestión de Luis Petri es una de las peores en mucho tiempo, acumula una deuda superior a los 160.000 millones de pesos.
Mientras que en la actualidad el pasivo volvió a subir por el ascensor, al cierre del año 2023 el balance de IOSFA indicaba que el total de los pasivos fue cercano a los 66 millones de pesos y “experimentaron una disminución de −35.777.978.074,60 comparados en moneda homogénea con el ejercicio anterior, al pasar de 102.468.014.766,63 al cierre de 2022 a 66.690.036.692,03 al cierre del ejercicio 2023”.
En la Aduana, el maltrato a sus trabajadores es similar al que sufren varios de los integrantes de los inspectores impositivos.
Numerosos profesionales de ARCA prefirieron solicitar el retiro ante el desincentivo para investigar que supone cobrar salarios que en el sector privado pueden remunerarse hasta cinco veces más.
“Hablamos de profesionales muy valiosos, aquellos que investigan grandes causas de evasión impositiva o investigadores de operaciones financieras en la nube que, en la actualidad, mientras se desenvuelve la cuarta revolución industrial que implica nuevos servicios financieros en línea, se hacen cada vez más difícil de perseguir favoreciendo a los inescrupulosos y a los que sacan ventaja de un Estado al que comienzan a pasar por arriba”, señaló Julio Estévez (h) de la Asociación de Empleados Fiscales (AEFIP).
Junto al gremio aduanero Supara viene de denunciar lo que consideran un atropello a las convenciones colectivas de trabajo por los magros aumentos que perciben los trabajadores.
A pesar de sus funciones, los aduaneros y los recaudadores no escapan a las generales de la ley de recibir aumentos que apenas superan el 1% mensual en áreas del estado.
“AEFIP cumple 10 años de vida y nunca vivimos esta situación de desinterés por el trabajador impositivo y aduanero. Además, el otro gremio AEFIP no hace demasiado por revertir esta situación que desfinancia a las familias aduaneras e impositivas y genera que los chorros de este país se froten las manos por la desidia del gobierno por incrementar los controles”, afirmó Estévez (h).
