La detención de Federico “Fred” Machado reavivó una trama que combina aviones privados, transferencias millonarias, mensajes reservados y una política que —al menos en los papeles— dice no querer saber nada. En Texas, una de sus socias fue condenada a 16 años de prisión por contrabando de cocaína y por un esquema Ponzi de 550 millones de dólares. En la Argentina, las piezas de esa red siguen moviéndose: archivos judiciales, chats, bitácoras de vuelos y fotos que invitan a preguntas comprometen a quienes en 2019 recibieron el auxilio económico y logístico de Machado para poner en marcha la candidatura presidencial de José Luis Espert.
El caso comprime dos frentes: la investigación penal internacional que acusa a Machado —y por la que Estados Unidos pidió su extradición— y la investigación electoral local que indaga si la campaña de 2019 registró o escondió aportes y “servicios en especie” provenientes de ese entorno empresarial.
LA CONDENA EN TEXAS Y EL VÍNCULO CON MACHADO
El 20 de noviembre de 2024, un tribunal federal del Distrito Este de Texas sentenció a Debra Lynn Mercer-Erwin a 16 años de prisión por su papel en una organización que, según la acusación, facilitó el registro y tránsito de aeronaves usadas para el tráfico de cocaína y operó un esquema Ponzi que habría movido hasta US$550 millones. Los fiscales describieron ventas ficticias de hasta 100 aviones, transferencias millonarias y aviones que, una vez controlados por autoridades sudamericanas, aparecieron abandonados o destruidos junto a “multi-toneladas” de cocaína. En el juicio, peritos y agentes sostuvieron que Mercer-Erwin transfirió US$75 millones a un socio argentino identificado en la causa: Federico Machado, y que ella se quedó con millones para gastos personales y lujos.
La condena en Estados Unidos no es un hecho aislado: describe una ingeniería en la que trusts, matrices societarias y registros de aeronaves sirvieron para blanquear operaciones y ocultar la verdadera titularidad de naves que terminaron vinculadas a rutas de drogas y a operaciones financieras opacas.
EL ATERRIZAJE LOCAL: DETENCIÓN, DOMICILIARIA Y RECURSOS JUDICIALES
Machado fue arrestado en la Argentina en abril de 2021, tras una circular roja de Interpol solicitada por autoridades del Distrito Este de Texas. Desde entonces su situación judicial es compleja: la justicia argentina autorizó la extradición, pero distintos recursos y planteos de defensa postergaron el envío efectivo a los Estados Unidos. Mientras tanto, diversas notas y legajos registran al empresario alojado bajo custodia y, en algunos tramos del expediente y del periodismo de investigación, con prisión domiciliaria en una vivienda en la zona de Río Negro —a unos 20 kilómetros de Viedma— o bajo vigilancia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en jurisdicciones patagónicas. Es decir: no está en libertad, pero tampoco fue entregado a la Justicia norteamericana.
Esa situación procesal genera tensiones políticas y judiciales: la extradición sigue su curso pero se enfrenta a apelaciones, planteos procesales y una red de defensas que buscan mantener el control del tiempo procesal.
INQUIETUDES EN EL PODER TRAS EL ARRESTO DE MACHADO
Las repercusiones del arresto de Machado en 2021 se sintieron de inmediato en los celulares de los armadores de la campaña de Espert. Mensajes de whatsapp —a los que tuvo acceso ElDiarioAr— muestran la sorpresa y la inquietud entre operadores: “¿Qué sabés del tema Fred Machado?”, pregunta uno; la respuesta no deja lugar a dudas: “Aportó a la campaña de JLE. Fue el principal aportante. Le prestó el avión privado y la camioneta blindada”. Esos intercambios ponen en primer plano la existencia de aportes —en dinero y en especie— que no siempre aparecen en las rendiciones oficiales.
La bitácora de vuelos y las agendas confirman al menos cuatro ingresos de Machado al país durante la campaña 2019: desde marzo hasta julio, con aterrizajes en San Fernando y vuelos en la matrícula N28FM —un Bombardier Challenger— que lo vincularon físicamente con Espert, con su mesa chica y con operadores que luego integraron la campaña. Un agradecimiento público de Espert por “el excelente vuelo” quedó incluso registrado en actos y archivos de campaña.
LA JEEP BLINDADA DE ESPERT, LA FOTO Y EL PRIMO QUE FIGURA COMO TITULAR
Una Jeep Cherokee blindada usada por Espert en la campaña —adquirida en abril de 2019— figura a nombre de un primo de Machado, Claudio Ciccarelli. El vehículo tuvo protagonismo: sufrió un incidente con piedras o disparos a días de las PASO y generó la devolución inmediata de la llave por parte del candidato. La presencia de esa camioneta y de la nave privada, sumadas a una “foto sugerente” y a registros de agendas compartidas con consultores, activan interrogantes sobre el grado y la forma de los aportes.
LA PRESUNTA AYUDA ARTICULADA (Y EL DESMENTIDO DE WADO DE PEDRO)
Entre los hechos que más llaman la atención figura una versión —respaldada por mensajes a los que accedimos— que sugiere una intermediación política para facilitar apoyos logísticos y un “auxilio inesperado” a la campaña de Espert en 2019, supuestamente articulado con hombres del oficialismo, entre ellos el entonces funcionario nacional Eduardo “Wado” de Pedro. Esa hipótesis, reproducida en varios pasajes de la investigación periodística, fue desmentida rotundamente por el entorno de De Pedro, que niega cualquier aporte económico o vínculo directo con Espert. Desde la oficina del dirigente aseguran, además, que los mensajes pueden ser fabricados o manipulados y circunscriben cualquier diálogo a asuntos operativos y formales.
Más allá de las negaciones públicas, la fiscalía electoral y la justicia federal investigan si existieron aportes no declarados, encubrimiento o una articulación entre operadores privados y referentes políticos que excedería la mera relación pasajera entre candidato y donante. La causa electoral y las denuncias en Comodoro Py avanzan con declaraciones, pedidos de informes y cotejos de cuentas bancarias, pero rara vez desembocan en respuestas consolidadas de forma inmediata: la trama internacional y la multiplicidad de jurisdicciones juegan a favor de la opacidad.
El caso exhibe un esqueleto de operaciones que desplaza la investigación más allá del avión como símbolo de lujo: allí aparecen circuitos financieros, trusts, compraventa simulada de aeronaves y una política que, administrativamente, registra menos de lo que debería. La condena en Texas contra Mercer-Erwin despeja parte del rompecabezas: hay una ingeniería criminal probada en Estados Unidos. En la Argentina, en cambio, la pieza humana central —Machado— permanece bajo custodia local, protegido por plazos procesales que dilatan su traslado.
Mientras la Justicia norteamericana ejecuta sentencias y la prensa internacional escribe sobre aviones y Ponzi de medio millardo, en Buenos Aires y en Río Negro los mensajes y las fotos siguen circulando: la pregunta que quedó clavada en un whatsapp —“¿Qué sabés del tema Fred?”— no ha recibido aún una respuesta judicial completa y definitiva. La política, como siempre, espera el veredicto del tiempo y de los expedientes.
