De los nueve procesos judiciales abiertos contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), solo la condena de 10 años de prisión en el denominado caso Golpe de Estado II la mantiene encarcelada, confirmó su abogado, Luis Guillén. El jurista explicó a los periodistas que aún están a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la solicitud de revisión anticipada de los procesos en curso, tal como los instruyó el Consejo de la Magistratura el lunes pasado a fin de “restablecer derechos vulnerados” de la exmandataria.
De igual forma, este miércoles, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° de El Alto ordenó la libertad de Áñez dentro de las investigaciones por el caso Senkata, en el que se le acusa por la presunta comisión del delito de genocidio, por un operativo militar y policial que dejó al menos 10 muertos en noviembre de 2019, en la ciudad de El Alto (oeste).
La exmandataria, detenida en marzo de 2021, cumple cuatro años y medio de reclusión en el penal de mujeres de Miraflores, en La Paz, primero con detención preventiva y, desde 2022, bajo condena por Golpe de Estado II, en el que se consideró que Áñez asumió la presidencia sin respetar la línea de sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019).
De acuerdo con Guillén, la exmandataria enfrentó nueve procesos: Golpe de Estado I, Golpe de Estado II, Senkata, Sacaba, Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Jet-Fuel, FMI, Fundempresa y libertad de prensa, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.
LA PROTESTA DEL PRESIDENTE ARCE
El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su “profunda preocupación” por las recientes decisiones judiciales a favor de figuras opositoras, subrayando que la Justicia sigue sin proporcionar respuestas efectivas a los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.
En ese año, al menos 38 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas durante las protestas que estallaron tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, un hecho que siguió a unas elecciones generales muy controvertidas, en las que se alegó un fraude en su reelección.
“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente. El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, escribió Arce en su cuenta de la red social X.
El jefe de Estado calificó como “incomprensible e indignante” que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales, aún no tengan un tratamiento judicial adecuado.
Las declaraciones de Arce se dan luego de que el martes un juez ordenó la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, detenido desde noviembre de 2023 en la cárcel de Cantumarca, mientras el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado en el caso conocido como “Golpe de Estado I”,fue favorecido con detención domiciliaria.
Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
“Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas”, señaló Arce.
El mandatario boliviano afirmó que las víctimas “merecen determinaciones justas y oportunas” y añadió: “Por el respeto a la humanidad, por la dignidad de las familias afectadas, reafirmamos nuestro compromiso de honrar la memoria de quienes partieron y de acompañar a quienes aún claman por justicia. ¡Memoria, verdad y justicia!”.
Previo a la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz que favoreció a los opositores Camacho y Pumari, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto determinó el lunes la anulación de obrados en el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata.
La resolución instruye remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, abriendo la posibilidad de un juicio de responsabilidades. Esta determinación generó el rechazo de familiares y organizaciones de víctimas, quienes calificaron la medida como un retroceso en la búsqueda de justicia.
