Un hombre fue condenado a ocho años de prisión tras un juicio abreviado en el que se unificaron cuatro legajos por hechos cometidos entre 2023 y 2025 en la provincia de Río Negro. La sentencia fue homologada esta mañana por el tribunal, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad y aceptara la calificación legal propuesta por la fiscalía.
Según el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el imputado se encontraba detenido con prisión preventiva efectiva desde el 9 de junio de 2025, medida dispuesta por un juez de Garantías.
Según la acusación, el primer episodio ocurrió en agosto de 2023, cuando el condenado, mientras cumplía detención en el Establecimiento de Ejecución Penal N° III, participó junto a otros internos de una violenta agresión física contra dos personas.
Además de los golpes que provocaron lesiones leves, profirieron amenazas con el objetivo de condicionar la conducta de las víctimas e impedir que declararán en un proceso judicial interno.
En agosto de 2024, fue detenido circulando en una motocicleta sin patente reglamentaria. En el procedimiento, se constató que portaba un arma de fuego cargada sin autorización legal y documentación perteneciente a un tercero, lo que derivó en imputaciones por portación ilegal de arma y encubrimiento.
Tres meses después, en noviembre de 2024, mientras estaba bajo prisión preventiva con monitoreo electrónico, se quitó la pulsera de geolocalización y permaneció prófugo hasta junio de 2025.
Durante ese período, se le secuestró otra arma de fuego no registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
En abril de 2025, mientras estaba prófugo, ingresó armado a una verdulería y mediante intimidación se apoderó de 300.000 pesos. No pudo determinarse la aptitud para el disparo del arma utilizada.
Finalmente, entre el 2 y el 3 de junio de 2025, junto a su pareja y otro hombre, llevó a cabo un plan delictivo contra una víctima a la que realizaron llamadas extorsivas, simulando ser un fiscal y un abogado.
Con esa maniobra lograron que la víctima transfiriera casi dos millones de pesos y entregara efectos personales como computadoras y una consola. Posteriormente, la retuvieron bajo amenazas, simulando que su vida corría peligro.
La fiscalía sostuvo la acusación con pruebas testimoniales, documentales y periciales: declaraciones de policías, informes médicos, análisis de cámaras de seguridad, pericias balísticas y registros de control de medidas cautelares.
Por último, el tribunal lo declaró responsable de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento por receptación sospechosa; evasión y tenencia ilegal de arma de guerra; lesiones leves y amenazas coactivas; robo agravado por el uso de arma; estafa; robo simple y privación ilegítima de la libertad.
