El Ministerio de Capital Humano aclaró hoy que se mantiene en “plena vigencia” el decreto 342/2025 que limitó la capacidad del Estado para intervenir en los procesos de elecciones en sindicatos, luego de que la oposición lograra hacer caer en el Congreso otras iniciativas de la gestión libertaria, como la eliminación de Vialidad Nacional y modificaciones en la actividad de la marina mercante.
A través de ese decreto publicado en el Boletín Oficial en mayo pasado, el Gobierno modificó la Ley de Asociaciones Sindicales para restringir la intervención del Estado en las elecciones de autoridades en gremios, actuando solo para convocar elecciones en caso de acefalía y ausencia de previsiones estatutarias.
El Ejecutivo en las últimas horas debió emitir los decretos para derogar los decretos 340/25, 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, que habían sido rechazados por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello destacó que, en cambio, siguió vigente el decreto 342/25, el cual demuestra “el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia, la autonomía y la vida democrática de las organizaciones sindicales”, en el marco de “los principios de libertad sindical consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“El citado decreto, firmado por el Presidente Javier Milei en mayo pasado, estableció que la Administración Pública debe abstenerse de intervenir, limitar o entorpecer el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse libremente, constituyendo así un avance institucional en línea con los compromisos internacionales asumidos por este Gobierno”, indicó la Secretaría de Trabajo, que se encuentra bajo la órbita de Capital Humano.
Y agregó: “En razón de lo expuesto, corresponde adecuar la legislación interna con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, eliminando las injerencias del Estado que se entienden excesivas en los procesos de autonomía y autodeterminación de las organizaciones sindicales”.
“Son pilares esenciales para consolidar el diálogo social, fortalecer la institucionalidad laboral y asegurar la defensa de los trabajadores en un escenario de transformaciones y desafíos económicos”, finalizó el comunicado.
