El Ministerio Público Fiscal pidió al Tribunal Federal N°2 de Mendoza que se declare la responsabilidad penal del ex juez Walter Bento por ser considerado jefe de una asociación ilícita y otros nueve delitos.
De acuerdo a la imputación, el ex magistrado cobraba sobornos a cambio de acceder a diferentes beneficios procesales, al tiempo que también estarían involucrados uno de los hijos, la esposa del Bento y otras 22 personas.
Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.
Los delitos que se le formularon a Bento son asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor.
Además, se encuentra sindicado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario, falsedad ideológica (dos hechos) en concurso real entre sí y en grado de coautor, abuso de autoridad (diez hechos) como coautor en concurso real entre sí en concurso ideal; con el delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos en concurso real entre sí y en concurso ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
A Marta Boiza, la mujer del ex funcionaria judicial, se le endilgó las figuras penales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que Nahuel Bento (ex secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y descendiente de Bento) habría cometido lavado de activos de origen ilegal.
Los fiscales imputaron a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba por ser los cabecillas de la organización y casos de cohechos, entre otros.
Por otra parte, los letrados Luis Francisco Álvarez, Martín Ríos, Martín Aramayo y Javier Angeletti, el ex comisario José Gabriel Moschetti y el narcotraficante condenado Walter Bardinella Donoso fueron acusados por ser presuntos integrantes de la asociación ilícita y por la comisión de otros ilícitos.
La fiscal María Gloria André estuvo a cargo de la representación del MPF, a la vez que participaron del debate el titular de la Unidad Fiscal Mendoza, el fiscal general Dante Marcelo Vega; el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco; y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel, quien es coordinadora del Área de Delitos contra la Administración Pública de esa oficina especializada en criminalidad económica.
Se espera que el juicio oral se reanude el próximo miércoles 10 de septiembre con los alegatos de los defensores, mientras que el proceso concluiría a fines de este año.
