Más de 30 trabajadores rurales fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en diversos campos de Santa Fe y ahora los investigadores buscan constatar si detrás existe la trata laboral. De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nylon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes.
El caso se inició el 4 de septiembre pasado cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento “Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que en el lugar lograron identificar a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años.
Asimismo, se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero, y contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de $300 mil por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
De la pesquisa se pudo saber que los trabajadores “no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados”.
Personal del ARCA se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Gustavo Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.
Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, “allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas”.
Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
También se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados. En esta ocasión participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
Tras los allanamientos se ordenó el secuestro de celulares y un cuaderno con anotaciones. A su vez, se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
