El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso suspender los planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y reasignar esos fondos a jubilados y personas con discapacidad, tras cuestionar la reciente suspensión de pensiones no contributivas por invalidez dispuesta por la Nación.
Sáenz calificó la medida nacional como una “torpeza” y advirtió que en provincias de extensa geografía, como Salta, las auditorías resultan “inaccesibles” para beneficiarios que viven en parajes alejados. Según el mandatario, la suspensión de pensiones provocó además la pérdida de cobertura médica e insumos, lo que generó “una angustia muy grande” en las familias afectadas.
El gobernador sostuvo que “no pueden pagar justos por pecadores” y exigió auditorías “serias y transparentes”. En esa línea defendió la decisión provincial de cobrar la atención sanitaria a extranjeros y reclamó que la medida se replique en hospitales públicos de todo el país: “En cualquier parte del mundo al extranjero le cobran la salud. Y si no pagás, no te atienden”. No obstante, aclaró que por motivos humanitarios nunca se niega la atención en situaciones de riesgo de vida.
En forma paralela, la Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y de los beneficios conexos suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El recurso reclama el restablecimiento del pago, el reconocimiento retroactivo de lo adeudado y la nulidad de las auditorías que considera irregulares en la provincia.
El expediente, caratulado “CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO”, solicita además como medida cautelar la restitución inmediata de los pagos suspendidos y la suspensión de la tramitación de nuevos recortes hasta tanto la Corte resuelva el fondo del asunto.
