El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La cartera, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, acusa a la UBA de impedir que los estudiantes accedan al sitio oficial www.uba.ar y de bloquear ese acceso redirigiéndolo a una página con “contenido de carácter político partidario”. El Ministerio exigió el “cese inmediato de esa maniobra” y solicitó investigar a quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar.
Este comunicado oficial, emitido por el Ministerio de Capital Humano, profundiza la tensión entre el Gobierno y las universidades públicas. Según supo Noticias Argentinas, la denuncia apunta directamente a la utilización de recursos públicos con fines partidarios, una práctica que el Ministerio considera una “violación a los principios” de transparencia y normal funcionamiento institucional.
ACUSACIONES DE MANIPULACIÓN Y USO PARTIDARIO DE RECURSOS PÚBLICOS
El Ministerio de Capital Humano fundamenta su denuncia en la manipulación de los canales oficiales de comunicación de la UBA:
* Bloqueo de acceso oficial: La principal acusación es que se está impidiendo el acceso directo al sitio oficial www.uba.ar, canalizando a los estudiantes hacia una página con contenido político.
* Creación del subdominio “noalveto.uba.ar”: El Ministerio pide investigar a los responsables de crear este subdominio, que evidentemente alude al veto de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo, un punto de conflicto reciente entre el Gobierno y las universidades.
* Violación de principios: Capital Humano sostiene que la utilización de recursos públicos para fines partidarios compromete la transparencia y el normal funcionamiento institucional que debe regir en la gestión universitaria.
El comunicado reafirma el compromiso del Ministerio con la “transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional”, al tiempo que “respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”. Esta aclaración sugiere que, si bien el Gobierno defiende la libertad de expresión y de protesta, no tolerará lo que considera un uso indebido y partidario de la infraestructura y los canales oficiales de una institución pública como la UBA.
Este nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y las universidades promete escalar el conflicto, llevando a la arena judicial una discusión que hasta ahora se había centrado en el ámbito legislativo y de las movilizaciones.
