Los defensores de la jueza Julieta Makintach solicitaron la nulidad de la causa penal que investiga la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
De acuerdo al escrito que los abogados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto le enviaron a la agencia Noticias Argentinas, la investigación es el resultado de un “árbol envenenado” porque se trata de un “procedimiento ilegal”.
El documento presentado al juez de Garantías N°4, Esteban Rossignoli, resalta que el origen del caso es “ilegítimo” a raíz de que la Fiscalía y uno de los querellantes “utilizó” a Julio Rivas, defensor del neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, con la finalidad de que radique una denuncia que produzca la nulidad del debate.
Se remarca, además, que el fiscal Patricio Ferrari “perdió objetividad” previo a la demanda porque actuó de manera parcializada al obtener información suministrada por Rivas y actuar en detrimento de la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, por lo que, según consignan los abogados, vicia todo el proceso y justifica la solicitud de nulidad.
En otro tramo del texto, cuestionan la “excursión de pesca” que habría llevado a cabo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien investigó de “manera exploratoria sin una base sólida o sospecha razonable”, al tiempo que se obtuvieron pruebas “indiscriminadamente” en perjuicio de Makintach y que dichos datos fueron ocultos por la parte acusadora.
“Al día de hoy no se ha logrado establecer ni siquiera mínimamente una plataforma fáctica suficiente precisa y circunstanciada, con relevancia típica, objeto de la investigación, pero tampoco se ha logrado siquiera determinar el modo en que se vio comprometida la imparcialidad de la Dra. Makintach en su rol jurisdiccional en el transcurso del debate”, añade el escrito.
Para Corleto y Urrutia, hubo “invasiones a la privacidad e intimidad” de la jueza y “manejos irregulares en la obtención de información destinada a crear este ‘cuento’ necesario para lograr una única finalidad, la nulidad del debate”, a la vez que denuncian no haber tenido acceso durante dos meses al testimonio de Rivas.
Según los asesores jurídicos, Rivas afirmó que el 17 de mayo, el denunciante Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna) y Ferrari lo llamaron para informarle que “se estaba corroborando” lo que comentó en la audiencia del 15 de mayo, “que ya habían declarado dos policías y por escrito alguien de la Corte”.
“No queda claro como sabían en esa fecha Burlando y el fiscal Ferrari lo que estaba sucediendo en esta investigación, no eran parte y no deberían tener supuestamente acceso a la información, pero además a ese sábado 17 era materialmente imposible que lo supieran”, manifiesta el documento y acusa a los funcionarios judiciales de “armar una estrategia” para lograr la suspensión del juicio.
También califican de “guionada” la declaración de la oficial Mirtha Barrionuevo., quien compareció el 15 de mayo, y expresan que fue difundida recién el 22 de mayo en el sistema.
En el caso de Ferrari, aluden que “rompió con la igualdad de armas” ya que “debe mantener independencia respecto de la defensa y de la querella”; “puede implicar connivencia o parcialidad”, motivo por el que “parecería” que el acusador “estaría ayudando a la defensa en vez de sostener objetivamente la imputación” y recalcan que “afecta la transparencia del proceso” como consecuencia de que “la comunicación procesal debe darse en audiencia, de forma pública y con contradicción”.
“Es altamente incorrecto que el fiscal instruya a la defensa de que planteos debe efectuar en perjuicio de sus funciones como fiscal”, consideran en el texto de 36 páginas acerca de “la ilicitud de esas conductas”.
