En una decisión que generó controversia, la Justicia del Chaco revocó las millonarias multas que pesaban sobre el gobierno de Leandro Zdero por el incumplimiento en la asistencia a comunidades indígenas. Aunque el fallo le da un respiro financiero, también le recuerda al gobernador su obligación de presentar un plan concreto para resolver la problemática.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por las juezas Eloisa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez, dejó sin efecto la multa de 85.900.000 pesos diarios que se le había impuesto al Estado chaqueño. Según las magistradas, las sanciones no eran la forma adecuada de resolver un problema estructural, argumentando que la provincia ya está en conversaciones con el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) para buscar una solución.
A pesar de la decisión, el fallo no exonera a la gestión de Zdero. Por el contrario, las juezas fueron enfáticas al subrayar que el gobierno debe “arbitrar medidas tendientes a que el cumplimiento de las sentencias firmes se efectivice en el marco de un progresivo y detallado plan de acción”. En otras palabras, la Justicia le hizo saber al gobernador que, si bien lo libra de las multas, no lo exime de su responsabilidad de cumplir con las demandas históricas de las comunidades originarias.
En definitiva, Zdero logra sortear una pesada carga económica, pero queda bajo la lupa judicial, con la obligación de demostrar que su gobierno tiene la voluntad real de resolver una situación que lleva décadas sin una respuesta efectiva.
