Un contratista y tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado fueron imputados en la causa en la que se investiga, hace cinco meses, el suministro de agua contaminada en colegios del polo educativo Mar del Sud, defraudación y falsificación de documentos.
El titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal federal Carlos Martínez, formalizó la investigación preparatoria en relación a cuatro personas por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada en tres establecimientos educativos.
En las imputaciones se detalla que el contratista era quien debía certificar que el agua que se distribuía en las escuelas era potable y que en este caso habría falsificado informes en más de un centenar de oportunidades.
A su vez, hay tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado –su presidenta, vicepresidenta y tesorero-, quienes también están imputados por el incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica de documentos públicos.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Agustín Roldán solicitó al juez la prohibición de salidas del país sin autorización judicial para los investigados, y por otro lado, la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros al polo educativo de Mar del Sud, sito en la manzana de calles 106 y 27, por el plazo de 180 días.
Al dar fundamento a su pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal reparó en “la gravedad del hecho”, dado que “el accionar de los imputados ha puesto en riesgo la salud de la comunidad educativa”, e incluso mencionó el amedrentamiento que una madre denunció al prestar testimonio en el marco de esta investigación.
En el marco de medidas cautelares patrimoniales, también se solicitó el embargo de bienes registrables de los imputados, que incluyen vehículos e inmuebles, y la inhibición general de bienes de la presidenta del Consejo Escolar por no haberse detectado, de momento, bienes registrados a su nombre.
La pesquisa se inició meses atrás a partir de la denuncia del padre de un alumno de una escuela primaria por la posible contaminación del agua.
Durante el año pasado, las familias habían advertido cuadros de gastroenteritis en sus hijos, lo que llevó a la cooperadora a requerir a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua.
El resultado recién se conoció el pasado 5 de marzo, en el cual se pudo comprobar que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli, lo que indica posible contaminación fecal, y pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.
Sin embargo, las autoridades exhibieron dos análisis con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que certificaban la potabilidad del agua, correspondientes a 2024 y 2025, con la firma de una perito química.
Ante las dudas, el padre que denunció se acercó el 22 de abril pasado a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP para dialogar con la profesional que supuestamente había firmado los informes, quien le confirmó que ninguno de los documentos fue firmado por ella.
La investigación avanzó y el pasado 27 de agosto se realizaron una serie de allanamientos en localidades del partido bonaerense de General Alvarado, en los que se secuestró documentación y los teléfonos celulares de las personas investigadas.
