Los acusados por la violación y el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en el pueblo cordobés de Brinkmann, irán a juicio oral y público, a la vez que se inició una investigación de oficio a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Se trata de Rocío Milagros Rauch, madre de la víctima, Ezequiel Matías Simeone, padrastro, y Cristian Varela, un amigo de ambos, quienes se encuentran imputados por abuso sexual agravado por la edad de la damnificada y la cantidad de autores, homcidio criminis causa, mientras que al tercer implicado se le endilga el incendio para eliminar pruebas.
El fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, indicó que el crimen ocurrió en un contexto de vulnerabilidad y violencia debido que aquellas personas encargadas de salvaguardar la integridad física de Aralí ahora son sospechados por ser los presuntos asesinos.
El debate, que por el momento no tiene fecha, se llevará a cabo en la Cámara del Crimen de San Francisco y la única pena previsible es la reclusión perpetua.
Los tres involucrados están detenidos en el Complejo Penitenciario de Bouwer, al tiempo que la progenitora permanece alojada en el pabellón de mujeres.
“La causa, más allá de la entidad delictiva, tuvo un montón de connotaciones relativas al núcleo familiar porque la víctima tenía hermanos. Esos hermanos debieron continuar fragmentados a cargo de distintos familiares, justamente porque quienes estaban al frente de ese hogar son quienes hoy están privados de la libertad”, señaló el fiscal.
En este sentido, indicó que se realiza una investigación de oficio contra la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para constatar si el organismo pudo haber evitado el desenlace fatal.
“Al día de la fecha no tengo elementos para sostener una imputación, lo cual no significa que esa investigación esté concluida”, remarcó Payges en una conferencia de prensa.
