El gremio que encabeza Julio Estévez (h) viene alertando desde hace tiempo no solo por los bajos sueldos de los inspectores —quienes deben enfrentar la evasión fiscal, la informalidad laboral y el maltrato que sufren los trabajadores aduaneros, lo que provoca la deserción de personal altamente capacitado— sino también porque, a su entender, las políticas económicas actuales vuelven a perfilar un escenario de mayor empobrecimiento futuro para el país.
En ese sentido, la comisión directiva que conduce Estévez (h) afirmó en un comunicado que “jamás hemos alentado la política partidaria, pero hoy debemos denunciar ante la sociedad que por decreto se han liberado miles de millones de pesos de impuestos, el equivalente a un monto que ronda el 7% de la recaudación impositiva total del país, beneficiando a las exportadoras para juntar dólares y sostener el tipo de cambio actual hasta las próximas elecciones del 26 de octubre”.
Consultado por NA sobre la dureza del informe y si con esas medidas no resultan beneficiados los productores nacionales, Estévez respondió: “las ganancias de estas retenciones al 0% beneficia a solo una docena de empresas que compran a precio vil los granos a los productores argentinos, pero el costo es de todos. Porque toda la población paga el costo de sostener un dólar artificial, un superávit fiscal mentiroso y dibujado, para que la aventura electoral de octubre no se convierta en un fracaso para el gobierno”.
La secretaria de prensa del sindicato, Mariana de Alva, advirtió que “es imposible imaginar una economía viable y consistente con semejante exterminio fiscal”. Por su parte, el secretario de organización, Ricardo Prado, encontró ciertas similitudes con la crisis política del gobierno de la Alianza a comienzos de siglo.
“No queremos hacer política partidaria, pero, como expertos en temas fiscales, debemos advertir que el camino de la destrucción de los ingresos tributarios y la toma de deuda externa y eterna ya lo hemos visto y significó la ruina del país”, afirmó Prado.
Según Estévez (h), el gobierno ha estigmatizado al trabajador estatal en general y al personal impositivo y aduanero en particular ante la opinión pública. “Los inspectores que combatimos la ilegalidad cobramos sueldos que no están acordes a nuestras funciones”, dijo, y remarcó que la situación es similar en otros sectores de la economía.
“Nosotros tampoco llegamos a fin de mes y tenemos profesionales endeudados hasta el cuello, como le pasa a cualquier laburante del país”, agregó. En el último recibo de sueldo, explicó, el incremento salarial fue de entre 6.000 y 14.000 pesos, lo que definió como “una burla a todos los trabajadores impositivos”. Se quejó, además, de que en un gobierno que se define como liberal no se permiten aumentos en las negociaciones paritarias: “En nuestro caso ni siquiera comenzaron las discusiones. Es como si estuvieran prohibidas y los ingresos congelados como en la pandemia”.
