La Justicia rechazó la denuncia presentada por la jueza Julieta Makintach contra los miembros del Ministerio Público de San Isidro por el presunto “armado” de la causa que investiga el documental “Justicia Divina” sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
El descargo había sido radicada en la Procuraduría General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien lo derivó a la Fiscalía General de San Isidro.
El defensor Darío Saldaño solicitó que el Departamento Judicial de San Isidro no intervenga en el caso del proyecto audiovisual basado en el debate oral y público del supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.
Asimismo, pidió que se investigue a los funcionario del Ministerio Público local por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y eventual inutilización de medios de prueba.
Sin embargo, la Fiscalía General de ese municipio rechazó la presentación y el abogado de la magistrada calificó el hecho de “gracioso” en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
El escrito de Saldaño sostenía que que la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de San Isidro, Marina Rodríguez, “confeccionó un documento con apariencia de acta judicial” acerca del tráiler del documental.
En este sentido, recriminó que no se le tomó declaración testimonial a la funcionaria y agregó que no hubo “cadena de custodia”, “registro técnico” y “disponibilidad inmediata para las partes”.
Respecto a este punto, la Fiscalía General, a cargo de Patricio Ferrari y Cosme Iribarren (fiscales del caso Maradona), fundamentó que “se trata de una simple constancia actuarial como existen en infinidad de procesos en todas y cada una de las investigaciones en curso en el Ministerio Público”.
Saldaño remarcó que a Makintach “no le sorprende” esta situación.
La jueza, que se encuentra suspendida, está imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios por el proyecto audiovisual, a la vez que el jury en su contra comenzaría en las próximas semanas.
