Una mina con licencia vieja, una operación clandestina a cielo abierto, una avioneta dentro de la concesión y un fideicomiso aeronáutico que terminó en juicio en Texas. En el centro, un apellido: Machado. Y, desde hace días, un político argentino dando explicaciones: José Luis Espert, que admitió haber recibido US$200.000 en 2020 por un contrato de consultoría con una empresa minera vinculada a ese mismo entramado. “Nada que esconder”, dijo en un video. Esta es la historia completa que arranca en el valle del Polochic (Guatemala) y termina en un wire bancario en Estados Unidos.
LA SEMILLA EN EL POLOCHIC: QUÉ FUE “MINAS DEL PUEBLO”
Minas del Pueblo, S.A. es una minera guatemalteca con la concesión La Meca I (plomo, zinc y plata) desde 1994, válida hasta 2034, en Alta Verapaz (zona Polochic, comunidades q’eqchi’). El expediente durmió años hasta que, hacia 2015-2019, entró en escena el argentino Federico “Fred” Machado (1968), empresario de aviación radicado tres décadas en EE.UU. En 2019 se quedó con el 50% y reactivó el yacimiento: estudios geológicos y sociales, un área de relaciones comunitarias y planes para producir a escala.
Lo que parecía una inversión seria empezó a oscurecerse cuando los papeles en Estados Unidos —en una causa federal en Texas— ubicaron a Machado dentro de una conspiración con Debra Mercer-Erwin (operadora aeronáutica, luego condenada) por fraude, lavado y vínculos con narco-vuelos. Según esos documentos, parte del dinero circuló hacia Guatemala. La etiqueta periodística que desde entonces persigue la historia es brutal: “narco-minería”.
ATERRIZAJE POLÍTICO: FAVORES Y PUERTAS ABIERTAS
El enero de 2016, con Jimmy Morales recién asumido, la comitiva presidencial quedó varada en Miami. Machado prestó un avión. Hubo agradecimiento y invitación a invertir. El argentino visitó Casa Presidencial y acercó proyectos. Morales admite el vínculo y niega aportes. Machado, también: “No financié campañas”. Con todo, las puertas quedaron abiertas.
EL OTRO FILÓN: UNA MINA CLANDESTINA DE ORO EN CHIQUIMULA
Mientras La Meca I se preparaba en Alta Verapaz, la red de Machado arrancó una operación sin licencia en Chiquimula (cerro El Pato, oro). En 2020 obtuvieron permiso municipal para “construir una bodega” a nombre de Atlas Universal, S.A. (fachada), representada por el geólogo Romeo Iván Morales, hombre de confianza de Machado. En lugar de la bodega, entraron máquinas y empezaron a minar a cielo abierto.
En octubre de 2020 los vecinos denunciaron explosiones nocturnas; camiones salían cargados hacia la ciudad. El 23 de enero de 2021 la policía interceptó tres camiones con mineral aurífero. La hipótesis oficial: simular el origen trasladando la roca a la mina legal del Polochic para “blanquearla” como si fuese de La Meca I. Días después, allanamientos, clausura y custodia. Hubo tiroteos contra los agentes. Los apoderados no respondieron citaciones.
DENTRO DE LA CONCESIÓN: TALA, PISTA Y UNA AVIONETA CON PASADO PESADO
El 23 de abril de 2021, fiscales ambientales allanaron La Meca I (Tucurú) y hallaron tala ilegal y una pista dentro del predio. Allí estaba la avioneta N584LU, vinculada a una sociedad donde Machado ocupaba cargos simultáneos. Un antecedente inmediato completa la foto: en octubre de 2019 la N465BC aterrizó con 1.522 kilos de cocaína en Escuintla. Aviación y minería, vasos comunicantes: las concesiones sirven de cobertura para logística aérea.
EL ARMADO SOCIETARIO Y EL BUFETE EN LA MIRA
Con el ruido judicial creciendo, en diciembre de 2020 la representación de Minas del Pueblo pasó a David Scott Masters, inscripto por una notaria de Central Law. El estudio quedó bajo lupa por contactos con el argentino (su socio Juan Pablo Carrasco niega haberlo representado y dice que se apartó). Aun así, la minera fijó la dirección del bufete para notificaciones ante el Ministerio de Energía y Minas. Proximidad operativa, aunque todos niegan vínculo profesional estable.
LOS PAPELES DE TEXAS Y EL “WIRE” POR US$200.000 A ESPERT
En paralelo a la trama guatemalteca, en el expediente del Distrito Este de Texas (donde fue condenada Mercer-Erwin) aparece la contabilidad del fideicomiso aeronáutico: “wire out” del 1 de febrero de 2020 por US$200.000 con destino José Luis Espert. Esa línea contable —incorporada como evidencia— detonó en la Argentina: primero como denuncia política, luego en la prensa, y finalmente con el propio Espert publicando un video.
QUÉ DIJO ESPERT:
Admitió el pago de US$200.000 en EE.UU. y lo encuadró como consultoría privada para una empresa minera vinculada a Machado (menciona contactos con Iván Morales, de Minas del Pueblo).
Afirmó que fue después de la campaña 2019, por contrato, a una cuenta declarada en EE.UU., y que no eran fondos de campaña.
Negó conocer delitos o lavado y dijo que el viaje a Guatemala nunca ocurrió por la pandemia.
Reivindicó: “Nada que esconder. Puedo haber sido ingenuo, pero delincuente jamás”.
El dato fáctico (la transferencia) hoy no está en discusión; lo que se debate es su naturaleza: si fue honorario real por un servicio que no llegó a prestarse (más allá de tareas preliminares) o si la operación calza en una ingeniería financiera que mezcló aviones, minas y dinero de origen ilícito (según la tesis fiscal en EE.UU.). Espert sostiene la primera versión; la segunda es materia de investigaciones.
LA SITUACIÓN JUDICIAL DE MACHADO EN ARGENTINA (Y POR QUÉ IMPORTA)
Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021. Está con prisión domiciliaria en Viedma. En primera instancia se habilitó su extradición a EE.UU., pero el expediente quedó congelado en la Corte Suprema con idas y vueltas procesales; incluso hubo suspensión del trámite a pedido de la defensa. Paralelamente, Machado pidió en Conare el estatus de refugiado (22/12/2021) para frenar la entrega, alegando persecución y falta de garantías.
Por qué importa: si la extradición se concreta, el juicio en Texas puede abrir más documentación sobre flujos de dinero y contratos —incluida la minería en Guatemala— y aclarar si el pago a Espert fue consultoría o engranaje de otra cosa.
