El veredicto del juicio por la presunta red narcocriminal en la Unidad Carcelaria número uno de la ciudad salteña de Villa Las Rosas se conocerá este jueves en los tribunales de la provincia y los acusados se enfrentan a condenas de entre 6 y 20 años.
Los 19 imputados, entre ellos miembros del Servicio Penitenciario local, reclusos y familiares, tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los magistrados, al tiempo que la lectura de la sentencia se llevará a cabo desde
Los fiscales pidieron que Sergio Faustino Moya a 11 años y 8 meses de prisión efectiva, Francisco Arturo Bisceglia, 12 años; Marcos Matías Bucotich García, 9 años; Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, a 8 años y 6 meses.
Además, peticionaron que Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores reciban 6 años de prisión efectiva; Rubén Antonio Guaymás, 5 años; José Luis Alarcón y María Inés Méndez, a 9 años de cárcel; Baldomero Darío Córdoba, 2 años; Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, a 9 años y 6 meses.
Los funcionarios Castaño, Bisceglia, Moya, Bucotich García, Arjona y Alarcón se encuentran imputados por asociación ilícita y por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de dos o más personas, en una cárcel y cometida por guardias encargados de la vigilancia de los presos.
Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que Moya, Bisceglia, Bucotich, Arjona y Alarcón son autores de presuntas exacciones ilegales agravadas, al tiempo que consideran que Baldomero Córdoba es partícipe necesario en ese ilícito.
En tanto, se les endilga a Patricia Daiana del Rosario Flores, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Nicole Judith Ana Luna, Manuel Méndez, María Cristina Galindo y Héctor Gustavo Banega la venta de droga calificada en un complejo penitenciario, en concurso con asociación ilícita.
Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño fueron beneficiados luego de que la Fiscalía retire los cargos en su contra, a la vez que Andrea Abigail Alba está acusada de tenencia simple de sustancias ilícitas.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que quedó demostrado que los imputados, organizados y con jerarquías definidas, sostuvieron un sistema criminal con distribución de tareas y dos fines centrales.
A partir de testimonios y la prueba documental, la fiscalía sostuvo que la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo, con un único fin, que era el obtener beneficios económicos y personales, violando la ley y desnaturalizando la función que se les encomendó.
El procurador general, Pedro García Castiella, destacó que las conductas imputadas constituyen, no solo delitos contra la administración pública y delitos económicos, sino que también implican una sistemática y reiterada vulneración de derechos humanos, atentando contra la dignidad de las personas privadas de libertad.
