La empresa IMPSA obtuvo un contundente apoyo de sus acreedores al aprobarse con el 86% de adhesiones —que representan el 98% del monto total de deuda computable— la oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), en el marco de su proceso de reestructuración de pasivos por 583 millones de dólares.
La jornada clave se desarrolló este martes en la sede de la compañía en Mendoza y fue presidida por la Licenciada Ercilia Nofal, con la presencia de la jueza Gloria Cortés. El encuentro reunió a bonistas y obligacionistas, incluyendo acreedores institucionales de peso como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest, Export Development Canada y la Corporación Andina de Fomento.
La aprobación por parte de las mayorías requeridas por la Ley 24.522 permitirá a la firma presentar el acuerdo para su homologación judicial en los próximos días. Este resultado se considera un hito para el retorno de IMPSA a los mercados internacionales, apenas ocho meses después del ingreso del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC como accionista controlante.
“Con la reestructuración se consolida la puesta en marcha de la nueva IMPSA, cuyo objetivo es demostrar cómo una inversión estadounidense en tecnología argentina convertirá a IMPSA en un fabricante esencial de grúas portuarias y componentes nucleares para los mercados estadounidense y argentino”, afirmó Jorge Salcedo, presidente de la empresa.
El plan contempla que IMPSA comience a pagar capital recién a partir del décimo año desde la homologación del acuerdo, lo que, según la compañía, brindará el oxígeno necesario para ordenar sus operaciones, fortalecer su estructura y avanzar con la ejecución de su nuevo plan de negocios.
La actual conducción, encabezada por Salcedo junto al vicepresidente Juan Manuel Domínguez y el country manager Pablo Magistocchi, busca posicionar nuevamente a IMPSA como un actor clave en sectores estratégicos como energía nuclear, hidroeléctrica y logística portuaria en América Latina, Estados Unidos y Asia.
