El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional.
A través de dos disposiciones 759/2025 y 760/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, que fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, al argumentar el impacto fiscal que generarían.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente apuesta a “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
Asimismo, obliga a la actualización automática ajustada a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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