La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena contra el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), su obra social (OSPERYH) y sus principales autoridades, entre ellos el dirigente Víctor Santa María, quienes deberán indemnizar a una trabajadora que denunció fraude laboral tras desempeñarse durante años en condiciones de informalidad.
El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por Santa María al considerar que su planteo carecía de “fundamentación autónoma”, y de ese modo quedó firme el fallo que lo condena a él y a su hermano José Francisco Santa María, además del gremio y la obra social, a pagar solidariamente $668.091 más intereses a la profesora Giselle Andrea Cano.
EL CASO: UNA TRABAJADORA EN NEGRO DURANTE AÑOS
La mujer se desempeñaba como instructora de natación y educación física en el polideportivo ubicado en la calle Venezuela 330, en la Ciudad de Buenos Aires, así como en un gimnasio de la calle Humahuaca, en el marco de programas dirigidos a afiliados con enfermedades crónicas. Según la demanda, comenzó a trabajar en 1999 y recién fue registrada parcialmente en noviembre del 2000, bajo modalidad de monotributo.
Cano intimó en 2017 al gremio y sus autoridades para regularizar su situación laboral y, al no obtener respuesta, se dio por despedida. El juzgado laboral de primera instancia le dio la razón y consideró que existió una maniobra de fraude para ocultar la verdadera relación laboral. El fallo fue confirmado por la Cámara del Trabajo aunque con una reducción del monto indemnizatorio.
LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SANTA MARÍA
Santa María argumentó que no tenía a su cargo la contratación ni el pago de empleados, y sostuvo que la relación con la trabajadora era un “contrato por prestación de servicios”. No obstante, la Justicia entendió que tanto él como su hermano consintieron la situación irregular y, en consecuencia, fueron condenados en forma personal y solidaria junto con SUTERH y OSPERYH.
