Durante paradas de planta, mantenimientos o proyectos estacionales, la reforma laboral proyectada torna posible reubicar personal, redistribuir tareas y conservar continuidad de servicio sin fricciones ni sobrecostos.
De aprobarse, la iniciativa introduciría reformas profundas que impactarían directamente en la forma en que las compañías organizan sus recursos, tercerizan servicios y documentan su cumplimiento.
El desafío es doble en el caso de las empresas que operan con contratistas: aprovechar la flexibilidad sin perder control.
Y en esa ecuación, la tecnología y la trazabilidad documental se vuelven los nuevos pilares del cumplimiento sostenible.
Para las empresas contratistas y sus clientes, este nuevo esquema representa una capacidad inédita de reorganización y planificación operativa.
En México, por ejemplo, la reforma de 2021 prohibió la subcontratación de personal, salvo para servicios especializados no relacionados con la actividad principal de la empresa, que deben estar registrados.
El cambio no solo alcanzaría a los departamentos de Recursos Humanos, sino también a las áreas legales, financieras y de compliance, que deberán revisar sus procedimientos para integrarse a un modelo de cumplimiento digital continuo.
ACUERDOS INDIVIDUALES
Uno de los pilares del proyecto es la posibilidad de acuerdos individuales homologados entre empleador y trabajador, que permitirán ajustar modalidades de contratación, horarios, tareas o categorías sin depender de convenios colectivos generalistas.
Esto abre la puerta a una mayor polifuncionalidad dentro de las empresas, donde los trabajadores podrán asumir distintos roles o funciones según la demanda operativa, manteniendo el marco legal y la trazabilidad del acuerdo.
“La posibilidad de celebrar acuerdos individuales introduce una lógica moderna en las relaciones laborales: permite a las partes redefinir condiciones, roles y funciones de manera flexible y documentada. En combinación con el fraccionamiento de vacaciones, esta herramienta favorece la polifuncionalidad y da a las contratistas una agilidad que antes solo se lograba con reemplazos temporarios o contratos eventuales”, explica Facundo Lucero, abogado y auditor de Laborem.
El Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo propone un rediseño integral del sistema laboral argentino.
Su objetivo: modernizar la relación entre empresas, contratistas y trabajadores, y adaptar la legislación a la realidad de un mercado cada vez más digital, flexible y global.
Si la intención principalmente pasa por formalizar a ocho millones de trabajadores que son parte de la economía informal, ya hubo experiencias que no prosperaron.
Según los datos que surgen de un estudio del Ministerio de Trabajo, relacionado con la evolución del empleo no registrado, excluyendo a los beneficiarios de planes sociales, en el período 1997 a 2002 la tasa fue del 38%, y luego a pesar de las medidas aplicadas en 2008, la tasa se mantuvo, en un porcentaje cercano, del 36%.
Estas estadísticas comprueban que el hecho de implementar medidas económicas, en 2001 y 2008, de reducción de contribuciones patronales no aseguraron, por sí solas, que se incremente la contratación de trabajadores, ni tampoco que se reduzcan los niveles de empleados no registrados en la economía.
LA NUEVA ARGENTINA
“La nueva Argentina laboral no se mide en horas ni en papeles, sino en trazabilidad. El verdadero salto no está en la desregulación, sino en la capacidad de las empresas para profesionalizar su gestión y convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva”, concluye Francisco Costa, abogado y fundador de Laborem.
La norma también moderniza el control de ausentismo mediante licencias médicas digitales, que podrán auditarse electrónicamente, y la reintroducción de beneficios no remunerativos —como conectividad, guarderías o alimentación— gestionables a través de plataformas digitales.
Estos cambios demandarán ajustes inmediatos en las matrices documentales y en los sistemas de legajo electrónico de los contratistas, para poder registrar y auditar correctamente cada beneficio, licencia o certificación.
La reforma tiene, sin embargo, tres límites que enfrentar:
* El desfinanciamiento del alicaído sistema previsional.
* La resistencia de los gremios en defensa de los derechos laborales.
* Los conflictos laborales que desbordan la justicia laboral.
