La oposición avanzó hoy con la firma del dictamen del proyecto que modifica la legislación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una sospechosa estrategia del interbloque peronista, que lidera José Mayans y que estampó su rúbrica en disidencia.
En una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora peronista Florencia López explicó que los integrantes de la comisión de su bancada firmaron en disidencia con el objetivo de abrirle la puerta a la versión del proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados.
La modificación que la Cámara baja aplicó a principios de octubre fue sobre el artículo 3, que establece que si el Congreso no aprueba el DNU en 90 días, pierde su vigencia.
A diferencia del Senado, donde la ley logró los dos tercios, en Diputados ese artículo salió por 127 votos y no logró capitalizar la mayoría absoluta.
Según deslizaron, la estrategia es del propio Mayans, quien apostaría, al menos, a llevarse algo antes del recambio legislativo que se producirá dentro de un mes tras la arrasadora paliza electoral que propinó La Libertad Avanza (LLA) a la oposición en las elecciones legislativas.
Para reforzar el argumento, fuentes del kirchnerismo indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se conformarían solo con el artículo que dispone que la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos, por lo que bastaría con rechazarlos en una sola para dejarlos sin efecto.
El resto de los senadores opositores, varios de ellos encolumnados en el lote de dialoguistas, se mostraron predispuestos a avanzar con el dictamen original que tuvo luz verde en el Senado meses atrás.
Por esta razón no se explica la firma en disidencia del kirchnerismo. Si el Senado insiste con la versión original, y vuelve a conseguir los dos tercios, lo convierte en ley.
Entre las voces que defendieron esa postura apareció el senador y jefe de la bancada del radicalismo, Eduardo Vischi (Corrientes), y la titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (Córdoba).
EL PROYECTO Y SU MODIFICACIÓN
La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada por Cristina Kirchner cuando era senadora para apuntalar la lógica del presidencialismo en beneficio del entonces presidente Néstor Kirchner, lo que hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.
Con la modificación propuesta, según lo que se votó en el Senado, los DNUs tendrían una vigencia de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial.
El oficialismo contaría entonces con ese plazo para conseguir la convalidación en los plenos de ambas cámaras, de modo tal de que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.
A la inversa, la oposición ya no necesitaría mayoría en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastaría con rechazarla en una sola para derogarlos.
En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podría disponer un decreto que verse sobre la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
Además, con la reforma planteada, que viene con media sanción de Diputados, quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que había sucedido, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.
