Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – La constructora José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y varios de sus principales directivos enfrentan imputaciones formales por su presunta participación en la denominada Causa Cuadernos, expediente CFP 13816/2018/TO1 y conexos.
Durante las audiencias del juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7), el Ministerio Público Fiscal detalló el rol atribuido a la empresa dentro de una supuesta estructura destinada a recaudar fondos ilegales para funcionarios públicos.
La acusación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que los ejecutivos habrían realizado entregas sistemáticas de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con obras y contratos estatales, configurando así el delito de cohecho activo.
QUIÉNES SON LOS EJECUTIVOS IMPUTADOS
Cuatro directivos fueron acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que un quinto fue señalado como partícipe necesario:
* Tito Biagini (86): Presidente del directorio. Imputado como coautor de diez cohechos activos. En el debate oral, se remarcó que su nombre había sido mencionado por Óscar Thomas, exdirector de Yacyretá, en referencia a actividades protocolares en la Casa Rosada.
* Gerardo Cartellone (67): Director de la empresa entre 1997 y 2009. Imputado como coautor de diez cohechos activos.
* José Gerardo Cartellone (73): Responsable de la compañía. Imputado como coautor de diez cohechos activos.
* María Rosa Cartellone (75): Presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009. Imputada como coautora de diez cohechos activos.
* Hugo Alfredo Kot (69): Integrante de la firma. Imputado como partícipe necesario de diez cohechos activos.
EL ESQUEMA ATRIBUIDO: PAGOS, BENEFICIOS Y UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA
Según la acusación del fiscal, la entrega de fondos por parte de empresas —entre ellas, Cartellone— integraba un sistema organizado de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015.
LA ESTRUCTURA SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE:
* Jefatura: Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación.
* Organizadores: Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación del mismo ministerio.
Los fiscales sostienen que los pagos eran canalizados mediante Barata y su secretario, Nelson Javier Lazarte, imputado como partícipe necesario de 70 cohechos pasivos. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno, quien dijo haber escrito los cuadernos que dieron origen a la causa, constituyen una pieza clave en la reconstrucción de los hechos.
El caso también involucra a directivos de otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, acusados por hechos similares.
EL JUICIO ORAL Y EL CONTEXTO PROCESAL
El debate se desarrolla ante el TOCF 7, integrado por Enrique Méndez Iñori (presidente), Germán Castelli, Fernando Canero y el juez sustituto Néstor Costabel. Las audiencias incluyeron la lectura detallada del requerimiento de elevación a juicio, donde figuran los hechos imputados y la descripción del presunto circuito de recaudación ilícita.
Según la acusación, la asociación ilícita habría utilizado vehículos oficiales, inmuebles y dependencias estatales para operar. En ese marco, los diez hechos atribuidos a los directivos de Cartellone se inscriben como parte de un mecanismo reiterado que buscaba obtener ventajas en licitaciones, adjudicaciones o trámites administrativos.
Ser imputado como coautor de cohecho activo implica una presunta participación directa en actos de soborno en múltiples oportunidades y coloca a los señalados en un rol central dentro de la operatoria investigada.
UN ENTRAMADO DE FAVORES ILEGALES
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los pagos efectuados por Cartellone y otras empresas no constituían aportes aislados, sino un sistema paralelo de incentivos que funcionaba como llave de acceso a decisiones administrativas. Así, los sobornos habrían operado como un mecanismo para garantizar la fluidez de trámites, asegurar adjudicaciones o evitar demoras y sanciones. #AgenciaNA
