Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles la ley que amplía la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 931 dólares) y eleva la tributación para los ingresos más altos.
La medida, una de las principales promesas de campaña de Lula da Silva en 2022, entrará en vigor en enero del próximo año y también establece descuentos fiscales para ingresos de hasta 7.350 reales mensuales (unos 1.368 dólares), reportó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.
En total, aproximadamente 15 millones de brasileños se beneficiarán de la nueva ley: 10 millones dejarán de pagar el impuesto y 5 millones verán una reducción en el gravamen.
En un discurso centrado en la justicia social y la lucha contra la desigualdad, el mandatario brasileño afirmó que aún no existe una “sociedad igualitaria”, pero que es obligación del Estado gobernar para quienes más dependen de él. Lula da Silva enfatizó que “mucho dinero en manos de pocos significa miseria, pero poco dinero en manos de muchos significa distribución de riqueza”.
“La economía no crece por el tamaño de la cuenta bancaria de nadie, la economía crece por el consumo que la sociedad puede tener a partir de los alimentos”, dijo. “El rico no se vuelve más pobre. Si el pobre consume más, el rico va a volverse más rico.
El rico va a vender más carne, más ropa, va a vender más autos. Eso es lo que la gente necesita comprender para hacer economía”, agregó el presidente.
Para compensar la pérdida de recaudación, el texto crea una alícuota adicional progresiva de hasta el 10 por ciento para quienes perciben más de 600.000 reales anuales (unos 111.700 dólares), lo que afecta a unos 140.000 contribuyentes.
Actualmente, las personas de mayores ingresos pagan en promedio un 2,5 por ciento efectivo sobre sus ingresos totales, frente al 9 y 11 por ciento que tributan los trabajadores en general.
La nueva ley también establece un impuesto del 10 por ciento sobre las utilidades y dividendos enviados al exterior, y fija límites para evitar que la carga tributaria conjunta entre empresas y contribuyentes supere ciertos porcentajes, con derecho a restitución en caso de que esto ocurra.
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