Buenos Aires, 30 noviembre (NA) — La Justicia prolongó hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, mientras continúa la investigación.
La decisión a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se tomó en las últimas horas, luego de que el viernes se realizaran dos audiencias que incluían el vencimiento del plazo de la prisión preventiva de Rudnev y su estado de salud.
Durante la jornada se dictaminó que la misma se prorrogue hasta el 3 de abril del año que viene, con el argumento de que la causa es compleja y todavía continúa la pesquisa para determinar responsabilidades.
La fiscalía sostiene que tiene tiempo hasta marzo de 2026 para presentar la acusación final.
La defensa, sin embargo, afirma que no hay avances y que la situación se ha vuelto irregular y perjudicial para el imputado.
En ese marco, el abogado defensor Carlos Broitman afirmó que el viernes se celebraron “dos audiencias clave”: una por la prórroga de la prisión preventiva y otra por el pedido de morigeración por motivos de salud.
Según explicó el letrado, solicitaron que Rudnev fuera trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios médicos que “ya están ordenados por el Hospital Santa Teresita del Hospital de Rawson” y que no se han cumplido.
“El juez Zapata denegó los estudios médicos y ordenó una ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026”, cuestionó.
Para Broitman, la decisión implica desatender informes clínicos urgentes. Además, apuntó que la fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin presentar pruebas nuevas.
El defensor insistió en que “el estado de salud de Rudnev se deteriora día a día”, al tiempo que agregó que las autoridades judiciales restan importancia a signos clínicos graves porque “como lo ven caminar, piensan que está bárbaro”.
Broitman detalló que desde agosto está pendiente una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos que podrían volverse malignos.
También denunció falta de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
“Están ante una persona con apariencia de cuidado, pero la están dejando deteriorar”, advirtió. Para la defensa, la negativa del juez constituye un riesgo para la vida del imputado.
Los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, refuerzan las preocupaciones en el entorno de Rudnev.
En su carta del 18 de noviembre señalaron que el detenido presenta “dificultades respiratorias progresivas, episodios nocturnos de asfixia, dolor torácico, ansiedad, pérdida de sensibilidad en miembros superiores y síntomas digestivos severos”.
Los médicos también advirtieron que vive en un pabellón cerrado, “sin ventilación y compartido con más de veinte personas fumadoras”, situación que agrava su cuadro pulmonar.
El documento concluye: “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”.
Sarotto y Duarte, además, señalaron un problema adicional: la barrera idiomática.
Según consignaron, Rudnev recibe medicación “de manera esporádica y sin ninguna explicación”, debiendo comunicarse por gestos con el personal penitenciario.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores de administración de medicamentos.
En el mismo informe reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no está en condiciones de realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
“La falta de diagnóstico completo podría comprometer su pronóstico”, advirtieron. A pesar de esta recomendación formal, el juez rechazó el traslado.
A la discusión sanitaria se suma ahora otro giro relevante: la presunta víctima del caso, Elena Makarova, presentó una querella penal contra los fiscales y afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de ningún ciudadano ruso.
La joven -que había sido señalada como el centro del expediente- acusó a los funcionarios de “convertirla en víctima mediante prácticas abusivas e ilegales”.
En su escrito sostuvo que el Ministerio Público “instaló un relato de trata que nunca existió” y que ignoró lo que dijo en Cámara Gesell.
“Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”, escribió.
La querella también denuncia violencia obstétrica, privación de libertad y decisiones médicas sin consentimiento.
Makarova asegura que viajó a Argentina para protegerse de una expareja violenta y que el personal del Hospital de Bariloche la sometió a procedimientos invasivos sin autorización.
Apuntó contra la enfermera Jessie Cortés Alvarado y el médico Emiliano Bringas por prácticas “invasivas y deshumanizadas”, que -según afirmó- la fiscalía avaló sin investigar.
La joven sostiene que le quitaron su teléfono y documentos, la separaron de sus acompañantes y la trasladaron a un refugio donde quedó incomunicada.
“Pedí que me devolvieran mis documentos y que me dejaran volver a mi país. No me escucharon”, dijo.
Su presentación incluyó pedidos de prueba y una recusación formal contra los fiscales del caso.
Broitman subrayó que la declaración de Makarova es determinante porque desarma la hipótesis central de la causa.
“No se puede sostener un expediente cuando la única víctima dice que no lo es”, afirmó.
También recordó que los peritajes de Gendarmería Nacional descartaron drogas en los secuestros y que varios imputados ni siquiera se conocían entre sí.
Para el defensor, el proceso “se sostiene en conjeturas, no en evidencias”.
Además cuestionó el uso de información internacional “incorrecta”, como el supuesto pedido de captura de Montenegro, que Interpol negó formalmente.
“Se construyó un caso sin pruebas materiales”, remarcó el letrado.
#AgenciaNA.
