Buenos Aires, 4 diciembre (NA) — Nueve personas fueron detenidas en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el corredor Canning-San Vicente, acusadas de evasión impositiva y lavado de activos, a través de un corralón que funcionaba en esa zona.
Todos los detenidos son argentinos y mayores de edad, mientras que se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción. Asimismo, se secuestraron una flota de 24 camiones, cinco vehículos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación.
Se ordenaron 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Los mismos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corralón, a raíz de la denuncia realizada por ARCA.
En los operativos, fiscalizados por el Ministerio de Seguridad, participaron agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes lograron desarticular esa organización criminal.
La causa se inició en agosto de este año, a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de l Cecilia Icardona. Mediante el mismo, se encomendaba a la División Lavado de Activos PFA, pesquisas sobre domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, quienes en el año 2023 fueron denunciados por ARCA por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.
La firma denunciada era un reconocido corralón de venta de materiales de la zona del corredor Canning-San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.
A partir del análisis realizado por los federales, se pudo establecer un crecimiento económico importante en los últimos años por parte de dicho contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, también se detectaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el valor declarado era muy diferente al precio real.
En tal sentido, los efectivos realizaron distintas tareas de campo, estableciendo los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa en cuestión, como así también se identificó una estación de servicio ubicada en la zona, cuyos dueños eran los investigados, pero que en la realidad se encontraba a nombre de terceras personas o presta nombres.
Además, se estableció que las empresas “ficticias” constituidas por los investigados eran fondeadas a través de depósitos en efectivo, al tiempo que también realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales, tratando de ocultar el origen del dinero e inyectándolo en el sistema financiero con apariencia legal.
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