Buenos Aires, 13 diciembre (NA)– En los últimos 20 años Argentina perdió más de la mitad de la participación de inversores extranjeros en solicitudes de nuevas variedades de semillas, debido a normativas “muy laxas” sobre los derechos de propiedad, de acuerdo con un documento privado.
Un artículo de Universidad Austral señala que la innovación en semillas es uno de los pilares centrales para aumentar la productividad agrícola y sostener la competitividad en los mercados internacionales.
Sin embargo, en la Argentina ese desarrollo enfrenta un obstáculo clave: un marco legal desactualizado que no protege adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de quienes invierten en nuevas variedades vegetales.
Según pudo conocer la Agancia Noticias Argentinas, el resultado es un sistema con bajos incentivos para la investigación y el desarrollo, tanto para actores locales como internacionales.
A diferencia de lo que ocurría décadas atrás, hoy la innovación en semillas depende en gran medida del sector privado, impulsada por avances biotecnológicos y una fuerte inversión en ciencia aplicada. Para que ese modelo funcione, los países necesitan reglas claras y previsibles que garanticen la protección de las innovaciones.
Mientras la mayoría de los competidores de Argentina modernizaron sus sistemas legales y convergieron hacia estándares internacionales más exigentes, el país mantiene una legislación basada en el convenio UPOV 78, vigente desde los años setenta.
Uno de los argumentos más repetidos contra la actualización de la ley de semillas es que un mayor nivel de protección favorecería a las grandes empresas multinacionales y reduciría la competencia.
Sin embargo, la evidencia internacional muestra lo contrario: países con marcos regulatorios más robustos, como aquellos que adoptaron el UPOV 91, exhiben mercados más dinámicos y competitivos. Incluso en contextos de mayor concentración, los aumentos de productividad derivados de nuevas semillas tienden a beneficiar tanto a productores como a innovadores.
La comparación con Brasil y Estados Unidos es ilustrativa. Ambos países lograron atraer más inversión y registrar un mayor número de nuevas variedades, especialmente por parte de actores extranjeros.
En la Argentina, en cambio, la participación de inversores no residentes cayó con el tiempo y el sistema se volvió extremadamente sensible a los cambios políticos, lo que incrementa la incertidumbre y desalienta proyectos de largo plazo. A esto se suma una brecha creciente entre las solicitudes de registro y el otorgamiento efectivo de derechos, señal de un funcionamiento institucional deficiente.
Pese a este escenario, el potencial está lejos de haberse agotado. La Argentina cuenta con capacidades científicas, capital humano y una posición estratégica en el agro que podrían permitirle convertirse también en proveedora de tecnología, y no solo de materias primas. Para que eso ocurra, será imprescindible avanzar hacia un marco legal moderno y estable que incentive la inversión, reduzca la inseguridad jurídica y permita integrar al país en el sistema global de innovación en semillas.
Según el documento “Argentina tiene el potencial de utilizar su ventaja competitiva en el agro, el nivel de educación y técnica de sus científicos, y la capacidad empresarial, para desarrollar un polo tecnológico en la producción de nuevas variedades de semillas”.
Esto “requiere partir de un sistema legal que respete los derechos de propiedad, incentive la inversión privada y promueva la llegada de capitales al sector”.
“El gran desafío entonces radica en poder encontrar mecanismos de cambios que coloquen al sector en una senda de crecimiento y prosperidad; de no lograrse, el estancamiento institucional determinado por la inseguridad jurídica crónica seguirá imperando en el sector”, concluye. #AgenciaNA.
